El reclamo fue acompañado por integrantes de la comunidad Lule de Las Costas, en un contexto atravesado también por el tratamiento legislativo de la cesión de terrenos al Club Deportivo Tigre, en San Lorenzo. La jornada sumó otro punto de preocupación para las comunidades: la aprobación de la Carta Orgánica Municipal de Orán, pese a las graves observaciones realizadas por referentes originarios, quienes advirtieron un retroceso en el reconocimiento y respeto de sus derechos.
Al cierre de esta edición, organizaciones sociales y de derechos humanos se dirigían hacia San Lorenzo para profundizar las medidas.
Las Pailas: “Se desalojó a 24 familias cuando la sentencia hablaba de una sola”
Nuevo Diario dialogó con Ulises Yanes , representante de la comunidad Diaguita Kallchaki Las Pailas, quien participó de la reunión mantenida con senadores durante la mañana. Allí, según relató, las familias damnificadas expusieron ante los legisladores las irregularidades que denuncian en torno al operativo judicial y policial. “Tuvimos una reunión con senadores, donde asistió la gran mayoría de la familia damnificada por este ilegal desalojo. Fuimos a hacerles ver que se han vulnerado derechos”, señaló Yanes. El referente explicó que, según la comunidad, la sentencia original disponía el desalojo de un solo miembro y de una fracción determinada, pero el procedimiento terminó afectando a numerosas familias. “La sentencia hablaba del desalojo de un miembro de la comunidad y terminaron desalojando a 24 familias. En ese sentido, fue una medida totalmente ilegal”, sostuvo. Yanes advirtió que la situación de Las Pailas no puede leerse como un caso aislado, sino como parte de un escenario de mayor desprotección para los pueblos originarios, especialmente luego de la decisión del Gobierno nacional de avanzar sobre la normativa de emergencia territorial indígena. “La provincia de Salta no ha generado una herramienta que evite los desalojos en los territorios. Estas situaciones no van a ocurrir solamente en nuestra comunidad, sino que se van a ir ampliando a otras comunidades y otros pueblos”, expresó.
Uno de los planteos centrales llevados al Senado fue el pedido de jury de enjuiciamiento contra la jueza María Fernanda Diez Barrantes , a quien las comunidades señalan por las irregularidades procesales denunciadas. “Venimos a plantearles que, de acuerdo a todos estos errores cometidos por la jueza en lo procesal, corresponde pedir el jury de enjuiciamiento. No debemos dejar que estas situaciones queden impunes”, afirmó Yanes. El referente describió además la situación en la que quedaron las familias desalojadas: algunas permanecen en el salón comunitario, otras fueron alojadas por familiares, mientras sus pertenencias quedaron a la intemperie. “Hay gran cantidad de hermanos y hermanas fuera de sus casas, con sus pertenencias al aire libre. Desde la Legislatura se puede llevar adelante una respuesta. Debe ser el órgano contralor que vele para que el Poder Judicial actúe de acuerdo al marco legal vigente”, remarcó. Yanes también vinculó el reclamo con normas constitucionales y tratados internacionales. “Vamos a seguir resistiendo. Resistimos más de 500 años y no vamos a dejar de luchar por lo que nos pertenece. Exigimos que el Estado cumpla con la Constitución, con el Convenio 169 de la OIT y con los fallos internacionales”, sostuvo.
El Senado los recibió, pero las respuestas no alcanzan
Durante la mañana, el Senado recibió en plenario a una amplia delegación de familias originarias afectadas por el desalojo en finca Las Pailas. Del encuentro participaron legisladores de distintos departamentos, quienes escucharon los planteos de los damnificados y de sus representantes legales. Al término del plenario, los senadores expresaron su compromiso de buscar alternativas legislativas y gestiones ante el Ejecutivo provincial. Sin embargo, para las comunidades la urgencia exige medidas concretas.
Burgos pidió una ley de emergencia
Ya en la sesión ordinaria de ayer, el senador por Cachi, Manrique Burgos , impulsó un proyecto de declaración para que los legisladores nacionales por Salta promuevan una normativa que contemple la situación de los pueblos originarios, resguarde sus derechos y prevenga nuevos perjuicios sociales, culturales y territoriales como los ocurridos en Las Pailas. El tratamiento sobre tablas fue aprobado y Burgos fundamentó la iniciativa con una crítica directa al operativo del 12 de junio pasado.
Burgos planteó además la necesidad de avanzar en una legislación integral que consolide las garantías reconocidas por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales. En ese marco, anticipó que trabajará en una ley de emergencia para suspender desalojos.
Polémica por el comodato al Tigre Rugby Club
Mientras las comunidades reclamaban en las puertas de la Legislatura, el Senado avanzó además con la aprobación del proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo provincial a otorgar en comodato, por 25 años, una fracción de tierras a favor del Tigre Rugby Club, en la zona de Las Costas, San Lorenzo. La iniciativa, que venía con media sanción de Diputados, contempla una superficie destinada a la construcción y ampliación de la sede social de la institución, con fines deportivos y recreativos. Desde el oficialismo legislativo se defendió el proyecto bajo el argumento de que generará espacios para jóvenes y actividades comunitarias. La avanzada se dio en medio del reclamo de la comunidad Lule que expresó su desacuerdo con la medida y reiteraron sus reclamos vinculados a los terrenos involucrados en la iniciativa.
David Torres , referente de la comunidad cuestionó que la media sanción avanzó sin consulta previa a la comunidad y reafirmó los derechos territoriales del pueblo Lule sobre tierras que habita desde generaciones. También advirtió sobre el avance de emprendimientos inmobiliarios en una zona de gran valor ambiental, social y cultural.
Carta orgánica de Orán y nuevas advertencias
Otro de los puntos que generó preocupación fue la aprobación de la Carta Orgánica Municipal de Orán. Integrantes de comunidades originarias habían realizado observaciones al texto por considerar que implicaba un retroceso en el respeto y reconocimiento de sus derechos. Las advertencias no frenaron el avance legislativo. Para las organizaciones, la aprobación se inscribe en una misma matriz de decisiones institucionales que debilitan garantías territoriales, habilitan el avance sobre espacios comunitarios y reducen la participación efectiva de los pueblos originarios en asuntos que los afectan directamente. La jornada dejó así una postal política de alto voltaje: adentro, el Senado avanzó con proyectos sensibles; afuera, las comunidades denunciaron desalojo ilegal, violencia institucional y falta de respuestas urgentes.
Un conflicto que puede extenderse aún más
Desde Las Pailas, los referentes advirtieron que la situación puede repetirse en otros territorios de los Valles Calchaquíes y de la provincia. Mencionaron zonas como Luracatao, Churcal y Aguas Negras como posibles escenarios de nuevos conflictos si no se construye una herramienta legislativa de protección. Las comunidades reclamaron una mesa de diálogo intercultural, la revisión del accionar judicial y la suspensión de medidas de desalojo. También exigieron que la provincia asuma un rol activo frente a la caída de las herramientas nacionales de emergencia territorial. El conflicto de Las Pailas dejó de ser un expediente judicial para convertirse en una discusión política de fondo: qué lugar ocupan los pueblos originarios en las decisiones sobre el territorio salteño, quién define el uso de las tierras y hasta dónde está dispuesto el Estado provincial a garantizar derechos que ya están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.
Al cierre de esta edición se conoció el oficio urgente del Juzgado de Diez Barrantes ordenando la inmediata restitución de las fracciones del Catastro 1025 en Las Pailas a Leoncio Fabián , René Fabián , Obalio Cruz y Dante Guzmán .
