Un grupo de trabajadores penitenciarios hizo público un duro comunicado anónimo en el que exponen la crítica situación humana y laboral dentro del penal. Apuntan directamente contra el director y la cúpula de jefes.
Orán, Salta. – Personal subalterno de la Unidad Carcelaria N° 3 de Orán emitió un grave comunicado denunciando una serie de irregularidades, abusos de poder y pésimas condiciones laborales. Los efectivos, en su mayoría trasladados desde Salta Capital, General Güemes y el Valle de Lerma, aseguran estar atravesando una situación económica y psicológica insostenible, dominada por el miedo y las represalias.
Uno de los ejes principales del reclamo es la desigualdad habitacional. Los trabajadores afirman que las cuatro casas y el departamento cedidos por el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) para el personal son utilizados exclusivamente por el director y los jefes de la unidad. Mientras los subalternos deben costear altísimos alquileres lejos de sus familias, las viviendas institucionales acumulan quejas de los vecinos por fiestas, ruidos molestos y la supuesta presencia de visitas vinculadas a los internos.
La denuncia también expone una marcada disparidad en el trato diario. Según el documento, los efectivos de guardia, que cumplen jornadas de 24 horas, reciben raciones de comida “miserables” y de pésima calidad, mientras que la cúpula penitenciaria disfruta de menús especiales preparados por el cocinero de la institución, utilizando los recursos del Estado incluso durante sus días de franco.
La presunta corrupción interna incluye además el desvío de donaciones. Los denunciantes aseguran que el entorno del director solicita colaboraciones a comercios locales bajo la excusa de eventos institucionales, pero dichos recursos rara vez llegan al personal o a sus verdaderos destinatarios.
El clima laboral es descripto como hostil, dominado por persecuciones y amenazas, al punto de que los agentes vinculan este maltrato con recientes suicidios de compañeros, hechos que, denuncian, habrían sido ocultados por la dirección. Además, advierten sobre la explotación de cientos de aspirantes que trabajan jornadas excesivas sin nombramientos ni becas.
Ante esta situación de “silencio impuesto por el miedo”, el personal penitenciario solicita la intervención urgente del Gobernador de la Provincia de Salta y de las autoridades del Ministerio de Gobierno para investigar estos hechos y garantizar condiciones de trabajo dignas.
