Tartagal Fiscalía Civil Karlen daño ambiental: La fiscal civil Rosa Vélez Román presentó una contestación ante la Cámara de Apelaciones, en el marco del proceso judicial que busca garantizar la restauración ambiental en terrenos afectados por actividades ilegales de la familia Karlen.
Tartagal Fiscalía Civil Karlen daño ambiental
Según informó Ministerio Público Fiscal, La presentación responde al recurso contra la ampliación del embargo preventivo que dispuso la Justicia para garantizar eventuales tareas de restauración ambiental en los catastros.
Contexto del Proceso Judicial
La presentación de la fiscal Rosa Vélez Román se enmarca en un proceso judicial que se remonta a 2013, cuando se registraron desmontes ilegales en el departamento San Martín. La apelación responde a la ampliación del embargo preventivo dispuesto por la Justicia para asegurar la restauración ambiental de los terrenos afectados.
Desde 2017, Juan José Karlen asumió el compromiso de ejecutar un plan de recomposición ambiental sobre aproximadamente 16 mil hectáreas, de las cuales 11 mil fueron desmontadas ilegalmente. Este acuerdo fue homologado judicialmente en diciembre de 2018.
Acciones de la Fiscalía
La fiscal Vélez Román ha impulsado el cumplimiento del compromiso mediante diversas intimaciones y supervisiones técnicas, aunque los avances en la restauración han sido insuficientes. A lo largo de los años, la Justicia ha rechazado múltiples planteos defensivos de los demandados.
En 2020, el Juzgado de Primera Instancia admitió la imposición de astreintes debido al incumplimiento del convenio. A pesar de los intentos de nulidad por parte de los demandados, estos fueron desestimados.
Reacción ante la Nueva Apelación
La reciente contestación de la fiscal sostiene que la apelación de los Karlen carece de fundamento jurídico. En su análisis, Vélez Román reafirma que la obligación de recomponer el daño ambiental se mantiene vigente, independientemente de posibles cambios en la legislación.
Además, destaca que la nueva ley provincial protege específicamente los desmontes ilegales y reitera el principio de no regresión ambiental, respaldado por normativas nacionales y tratados internacionales.
La decisión final sobre esta apelación quedará a cargo de la Cámara de Apelaciones de la provincia, que deberá evaluar los argumentos presentados por ambas partes.
