Natalia Cruz: La Unidad Fiscal Especializada en Femicidios ha citado a audiencia de imputación a diez policías por su presunta responsabilidad en el incumplimiento de medidas de protección judicial y la elaboración de un informe falso, en el contexto de la investigación del femicidio de Natalia Marilín Cruz.
Natalia Cruz
Según informó Ministerio Público Fiscal, La Unidad Fiscal Especializada citó a audiencia de imputación a diez efectivos policiales por presuntas conductas vinculadas con el incumplimiento de medidas de protección judicial.
Detalles de la imputación
La fiscal penal María Luján Sodero Calvet ha liderado la investigación sobre el femicidio de Natalia Marilín Cruz, ocurrido en febrero en Campo Quijano. En el marco de esta causa, se detectaron indicios de irregularidades en la actuación de la Comisaría N.º 7, lo que llevó a la creación de una Unidad Fiscal compuesta por la UFEM y la Fiscalía de Derechos Humanos.
Los diez efectivos policiales imputados incluyen al jefe de la dependencia y al jefe de Guardia, acusados de falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se les atribuye no haber implementado la consigna policial fija que debía proteger a la víctima, a pesar de su conocimiento sobre la orden judicial.
El contexto de la investigación
La investigación reveló que Natalia Cruz tenía una orden judicial que requería una custodia policial constante debido a episodios de violencia de género por parte de su expareja. Sin embargo, esta medida no fue cumplida, lo que generó un contexto de vulnerabilidad para la víctima.
Además, se alega que se confeccionó un informe policial con datos falsos que indicaban un intento de cumplimiento de la consigna, lo que ha llevado a cuestionar la integridad del accionar policial en casos de violencia de género.
Irregularidades sistemáticas
Las fiscales Sodero Calvet y Claudia Geria han señalado que la investigación ha puesto de manifiesto irregularidades sistemáticas en el tratamiento de casos de violencia de género, incluyendo incumplimientos de protocolos y fallas en la ejecución de medidas de protección.
La reconstrucción de los hechos, basada en documentación y testimonios, ha permitido establecer que la consigna policial que debía proteger a la víctima no fue implementada, a pesar de que el personal policial estaba al tanto de la orden judicial.
Este caso pone de relieve la necesidad de revisar y fortalecer los protocolos de actuación en situaciones de violencia de género, así como la importancia de garantizar la protección efectiva de las víctimas.
