La Cámara de Transporte de Santiago del Estero inició una acción judicial contra el Poder Ejecutivo para suspender la aplicación del Decreto 612/2026, una normativa pactada entre el Gobierno y el Sindicato que impacta directamente en los costos operativos del sector.
Decreto 612 2026
Según publicó Nuevo Diario de Salta, La Cámara de Transporte de Santiago del Estero (CATSE) presentó un amparo colectivo para que la Justicia Federal suspenda la aplicación del Decreto 612/2026.
El impacto económico de la medida
La demanda sostiene que el decreto incrementó de manera inmediata un 18,87% el costo mensual por trabajador. Este ajuste se produce al modificar la base de cálculo de los aportes, que anteriormente se regía por el salario básico convencional según el Decreto 407.
A modo de ejemplo, la presentación detalla que para un chofer de primera categoría, la base de cálculo pasó de 1.060.010 pesos a 1.260.010 pesos. Esto implica un costo adicional de 200.000 pesos mensuales por empleado, un golpe financiero que, de mantenerse, afectaría principalmente al Sindicato de Camioneros liderado por Hugo Moyano.
Argumentos contra el Poder Ejecutivo
Desde la Cámara señalan que el aumento no surge de una ley ni de acuerdos colectivos, sino de una decisión administrativa del Poder Ejecutivo. Además, cuestionan la pretensión de retroactividad de la norma, dado que el decreto fue dictado el 17 de julio pero publicado recién el 20, generando incertidumbre sobre su exigibilidad en ese periodo.
Los empresarios denuncian que el Estado se arrogó facultades propias del Congreso. Según la demanda, las empresas ya habían estructurado sus presupuestos y tarifas basándose en el régimen vigente al 1° de junio de 2026, por lo que la nueva disposición altera las condiciones de contratación de forma intempestiva.
La presentación judicial aclara que el reclamo no busca afectar los salarios de los trabajadores, sino cuestionar la modificación de las cargas patronales que se destinan al Sindicato, solicitando a la Justicia Federal una resolución urgente sobre la validez del decreto.
