La diputada nacional Marcela Pagano presentó una ampliación de denuncia ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10, aportando documentación que vincula el flujo de fondos del Sistema Vial Integrado con momentos críticos de la actividad legislativa entre 2024 y 2026.
Sistema Vial Integrado
Según publicó Ámbito, la presentación judicial se basa en el análisis de 1.077 operaciones financieras cruzadas con 35 sesiones del Congreso.
El análisis de los desembolsos
El escrito presentado por Pagano detalla un procesamiento de 1.077 operaciones realizadas entre enero de 2024 y mayo de 2026. La metodología utilizada para el cruce de datos contempló ventanas de tiempo de tres días alrededor de cada sesión legislativa, extendiéndose incluso a una sensibilidad de siete días para observar posibles patrones.
Uno de los puntos centrales de la denuncia apunta a junio de 2024, cuando se concentraron pagos por $5.367 millones en la víspera de la votación de la Ley Bases en el Senado. Posteriormente, durante la sanción definitiva en Diputados, se registraron nuevos desembolsos por $3.262 millones, incluyendo fondos destinados al corredor vial que abarca a Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca, Chaco y Formosa.
Focalización territorial y cambios en los canales de pago
La denuncia sostiene que, durante 2025, la anomalía no radicó tanto en el volumen total de dinero, sino en la focalización territorial de los pagos. Se destacan transferencias millonarias a la Dirección Provincial de Vialidad de Misiones y a la de Tucumán, que coincidieron con jornadas de debate legislativo, como la media sanción de Ficha Limpia o el rechazo de decretos delegados.
Para el periodo 2026, el informe señala que más de $43.700 millones fueron concentrados en apenas nueve días, representando más de la mitad de los pagos de obra del periodo. La presentación advierte además sobre cambios en los canales de pago, citando el caso de Jujuy, donde los fondos dejaron de canalizarse mediante la Dirección Provincial para dirigirse a una contratista vinculada a la Ruta Nacional 34.
La diputada aclaró que la coincidencia temporal no constituye por sí misma una prueba de delito, pero solicitó que la Justicia profundice la pericia contable. El pedido incluye la incorporación de actas de votación y la comparación de las fechas de pago con la exigibilidad real de los certificados de obra para determinar si existió un criterio discrecional en la administración de los recursos.
