Procedimiento Preventivo de Crisis: La delicada situación del sector privado en Argentina se refleja en el incremento sostenido de los Procedimientos Preventivo de Crisis. Según datos oficiales obtenidos por Ámbito, hasta el 23 de julio de 2026 se iniciaron 153 trámites, una cifra que evidencia la aceleración de la crisis económica y la fragilidad del empleo formal.
Procedimiento Preventivo de Crisis
Según publicó Ámbito, los datos surgen de un pedido de acceso a la información pública realizado por el medio a la Secretaría de Trabajo.
Un escenario de alta vulnerabilidad laboral
La cantidad de trámites iniciados durante el gobierno de Javier Milei ya suma al menos 448 solicitudes. La tendencia muestra una aceleración preocupante: solo en lo que va de 2026, se ha registrado más de un procedimiento por día hábil. Estos valores se asemejan a los niveles observados durante la crisis cambiaria de 2018 y 2019, marcando un contraste significativo con los años previos.
El Procedimiento Preventivo de Crisis es una instancia legal de mediación obligatoria que las empresas deben activar antes de avanzar con despidos o suspensiones masivas. Su objetivo es reunir a cámaras empresarias, sindicatos y al Estado para negociar alternativas que permitan preservar los puestos de trabajo, tales como la reducción de jornadas o planes de retiro.
El impacto en el sector privado
El abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano advirtió que el diálogo social está llegando a su límite en un contexto de caída de empresas y falta de contratación. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en mayo se registró una destrucción neta de 2.371 unidades productivas, sumando más de 30.000 empresas perdidas en los últimos tres años.
La situación se agrava con la pérdida de puestos registrados. El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) indica que, desde noviembre de 2023, la caída neta de asalariados registrados supera los 337.300, acumulando trece meses consecutivos de retroceso. Recientes cierres y desvinculaciones en sectores como la alimentación, la industria textil y la electrónica en diversas provincias, como Mendoza, Entre Ríos, Catamarca y Tierra del Fuego, confirman la tendencia negativa.
Información restringida por el Gobierno
A pesar de la gravedad del panorama, el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo optaron por no brindar detalles específicos sobre la problemática. Ante la consulta de Ámbito sobre la distribución geográfica, los sectores más afectados y la cantidad de trabajadores involucrados, el Gobierno se amparó en el artículo 5 de la Ley 27.275, argumentando que no existe obligación de reprocesar o reclasificar expedientes individuales.
La falta de transparencia sobre el impacto real de esta crisis en el mercado laboral formal genera incertidumbre, mientras los indicadores económicos y la Encuesta de Indicadores Laborales continúan arrojando resultados negativos sin señales claras de recuperación a corto plazo.
