Pensiones truchas: El Juzgado Federal de Primera Instancia N.° 2 de Salta, bajo la órbita del juez Diego Anzorreguy, formalizó la imputación contra el diputado provincial Gerardo Francisco Orellana y diversos exfuncionarios y trabajadores de la salud. La causa, impulsada por el fiscal Carlos Amad, destapa un presunto entramado delictivo que operaba en el departamento de Anta para gestionar pensiones no contributivas mediante la falsificación de registros médicos.
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Según publicó Nuevo Diario de Salta, la Justicia Federal imputó al diputado provincial por Anta, Gerardo Francisco Orellana, y a otros exfuncionarios y trabajadores vinculados con hospitales del interior de la provincia.
La estructura de la presunta maniobra
Según la hipótesis de la Fiscalía, la red funcionaba mediante la adulteración sistemática de certificados médicos, historias clínicas y estudios de laboratorio. El objetivo era lograr que personas que no cumplían con los requisitos legales accedieran a beneficios estatales por discapacidad.
El fiscal Carlos Amad sostiene que la organización contaba con roles definidos que incluían a médicos, empleados administrativos, funcionarios públicos y captadores de beneficiarios. Se estima que, por cada trámite irregular, se cobraban sumas que oscilaban entre los $20.000 y el $1.000.000, generando un perjuicio mensual al Estado Nacional calculado en $3.280 millones.
Implicados y roles en la causa
Entre los investigados se encuentra Oscar Ricardo Luna, quien ocupó cargos jerárquicos en el Hospital Dr. Oscar H. Costas de Joaquín, el Hospital Presidente Juan Domingo Perón de Tartagal y el Hospital Enrique Romero de Quebrachal. Asimismo, figuran César Ramiro Blanco, exconcejal y exgerente del Hospital Enrique Romero, y Roberto Morales, exgerente de Atención de las Personas en la misma institución.
La acusación también alcanza a María Romano, señalada por la captación de personas vulnerables, y al diputado Gerardo Francisco Orellana, a quien se le atribuye haber instrumentalizado estas prestaciones con fines electorales, firmando solicitudes de postulantes que no cumplían los criterios legales. Otros nombres incluidos en el proceso son Luciano Benjamín Esteban, Hugo Humberto Massa, los doctores Diego Augusto Ocampo y Luis Alberto Verón, Dante Salazar, Manuel Rodolfo Córdoba, Luis Casares, José Edmundo Brisuela, José Wilson Muñoz Torres, Humberto Brisuela Mendoza y Bernardino Morales.
La causa, que abarca a quince imputados, investiga delitos de asociación ilícita, estafa estatal, falsedad documental e incumplimiento de deberes de funcionario público. La situación procesal de los involucrados continuará definiéndose a medida que avance la investigación judicial.
