Kicillof denunció a las principales: El gobernador advirtió que “un 60% de la población adulta del país está endeudada y que un 20% se encuentra en situación de mora”.
Kicillof denunció a las principales
Axel Kicillof responsabilizó este jueves a la gestión nacional de Javier Milei por el “crecimiento explosivo” del endeudamiento y la morosidad en las familias y anunció una serie de medidas en contra de las principales billeteras virtuales del país por incumplimientos a la normativa de Defensa al Consumidor.
En una conferencia junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, Augusto Costa, Kicillof advirtió que “ un 60% de la población adulta del país está endeudada — 21 millones de personas— y que un 20% —6 millones— se encuentra en situación de mora”.
Ante ese escenario de “gravedad extraordinaria”, el mandatario bonaerense aseguró que el fenómeno es un resultado de la política macroeconómica del Gobierno de Milei. “La imposibilidad de pagar se deriva de un hecho de la macro deliberada del gobierno, que son los ingresos bajos ”, sentenció.
Sin embargo, el exministro de Economía también advirtió el protagonismo que tienen las billeteras virtuales en el crecimiento del endeudamiento, las cuales poseen muchas menos regulaciones que los bancos tradicionales.
Las denuncias en contra de las billeteras virtuales y la respuesta de Kicillof
Si bien el gobernador remarcó la necesidad de una respuesta por parte de la administración nacional, anticipó una serie de acciones por parte de la provincia de Buenos Aires amparadas en incumplimientos a la Ley de defensa del consumidor.
Según explicó Augusto Costa, el Gobierno bonaerense recibió al menos 2240 denuncias contra billeteras virtuales como Mercado Pago, Granja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank, Cencosud, entre otras, por incumplimientos a la normativa vigente.
Entre las principales acusaciones, el ministro bonaerense señaló: “La toma de crédito en condiciones de tasas usurarias , exorbitantes, sin información suficiente para quien toma el crédito; acoso y hostigamiento posterior a la mora , y muchas veces sin ningún tipo de justificación”.
Además, señaló incumplimientos en los términos y condiciones de las plataformas, como por ejemplo no especificar el valor de los servicios y reservarse el derecho de establecer cargos sin especificar cuáles son en las operaciones. También mencionó “la aparición permanente de propuestas de financiamiento sin ningún tipo de regulación y con opacidad sobre las condiciones”. Y la existencia de tasas de interés “muy diversas entre los diferentes tomadores de crédito, superiores al 1000% en muchos casos, dependiendo del perfil” del cliente.
Ante esto, la administración bonaerense abrió un expediente y una investigación a partir de denuncias y acciones de oficio de Defensa al Consumidor y solicitó una serie de informes para que “las empresas detallen los criterios con los que se imponen las tasas de interés y cuál es la composición del costo financiero total”.
“Las acciones están en curso y vamos a empezar a cursar a las empresas involucradas para que presenten sus descargos y tomar las medidas correspondientes”, remarcó Costa. Según explicó, las multas que establece la legislación son de hasta 1883 millones de pesos , en caso de demostrarse las violaciones a las normativas, junto con la obligación de revertir todos los incumplimientos.
Los cuestionamientos al Gobierno de Milei
“Me parece de un cinismo, además de una falsedad absoluta y espantosa, decir que esto es un problema entre privados”, cuestionó Kicillof durante la conferencia.
Y agregó: “Cuando millones de familias están endeudadas, y otros tantos millones no pueden pagar esa deuda, no es un problema entre privados ocasionado por decisiones individuales tomadas erróneamente. Sí hay una pistola en la cabeza. Quien se endeuda lo hace para pagar alimentos, el alquiler, gastos básicos, remedios, para la vida en sí”.
En ese sentido, el ministro de Producción bonaerense le recriminó al Gobierno nacional medidas como la derogación del tope de tasas implementada en el DNU 70/23 o la desarticulación de los sistemas de denuncias de los consumidores.
“El Gobierno nacional podría regular el costo financiero total, los intereses punitorios, generar condiciones para que la información que se le brinde al consumidor sea la adecuada, generar sistemas de alerta por sobreendeudamiento, muchas acciones”, enumeró.
