Manuel Adorni presentó un pedido ante la Justicia para obtener una extensión en los plazos otorgados para responder sobre las irregularidades detectadas en su patrimonio. El tribunal analiza actualmente si concede el tiempo extra solicitado por su defensa para contestar las objeciones presentadas por la fiscalía.
Manuel Adorni
Según publicó Minuto Uno, el exfuncionario requirió el acceso a la documentación y archivos extraídos del teléfono del contratista Tabar, mencionados por el fiscal.
El origen de la investigación patrimonial
El expediente penal se centra en las discrepancias halladas entre los ingresos declarados por Manuel Adorni y sus consumos, adquisiciones y activos detectados por peritos. El análisis financiero, impulsado por el fiscal Pollicita, determinó la existencia de descalces que obligaron a intimar al exfuncionario a fundamentar sus números.
La Justicia exige precisiones sobre el origen de divisas en efectivo, créditos otorgados por parientes y la adquisición de un vehículo. Asimismo, se requiere justificar la compra de un lote en el complejo privado Indio Cuá y los costos de la edificación realizada en dicho predio.
El rol del contratista y la evidencia digital
Un punto central de la causa es la remodelación en Indio Cuá, cuyo constructor, Matías Tabar, aseguró haber cobrado USD 245.000 por sus servicios. La fiscalía insta a Manuel Adorni a probar la procedencia legítima de esa suma mediante comprobantes de las transferencias efectuadas al constructor.
El teléfono de Matías Tabar, entregado voluntariamente para un volcado forense, contiene registros de llamadas, recibos y conversaciones que son analizados por los investigadores. La defensa de Manuel Adorni reclama acceso a esta documentación, argumentando que es indispensable para responder al pliego fiscal.
La investigación también abarca la compra de un inmueble en la calle Miró, el uso de ingresos exentos de Ganancias, gastos en efectivo y la tenencia de activos digitales. Según el balance de 2025, el exfuncionario reportó un capital superior a los $944 millones, incluyendo ganancias por liquidación de tokens.
El tribunal a cargo del caso evalúa por estas horas el pedido de la representación legal de Manuel Adorni, mientras se mantiene el escrutinio sobre la evidencia documental y los archivos digitales incorporados al expediente.
