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Procesaron a siete efectivos de la Policía Federal y dos coordinadoras por una red de coimas

Procesaron a siete efectivos de la Policía Federal y dos coordinadoras por una red de coimas

Procesaron a siete efectivos: El juez federal Sebastián Argibay dictó el procesamiento de siete integrantes de la delegación Tucumán de la Policía Federal y dos coordinadoras de tours de compras, tras una investigación que los vincula con el cobro de coimas para permitir el paso de mercadería sin aval aduanero.

Procesaron a siete efectivos

Según publicó Nuevo Diario de Salta, Los colectivos regresaban de Orán, Salta, cuando fueron interceptados en un control sobre la Ruta Nacional 34.

El operativo y la investigación

La causa, tramitada por la Justicia Federal de Santiago del Estero, tuvo su origen en marzo de 2024. El hecho central ocurrió el 30 de junio en el kilómetro 910 de la Ruta Nacional 34, a la altura de Abril, Tucumán, cuando colectivos que regresaban de Orán, Salta, fueron interceptados en un control.

Según la investigación, las coordinadoras Antonia Cali Rojas y Avelina Cabezas habrían entregado dinero a los efectivos para evitar la revisión de los vehículos y el secuestro de la mercadería. En el marco del operativo, agentes reveladores que viajaban en uno de los tours entregaron $100.000 en billetes marcados para documentar la maniobra.

Hallazgos y situación procesal

Durante el procedimiento posterior, personal de Gendarmería halló dinero en poder de los uniformados, incluyendo parte de los billetes marcados que habían sido descartados en un sector de pastizales. Asimismo, un testigo declaró haber observado a los efectivos intentando destruir pruebas al quemar una hoja que contenía anotaciones sobre los pagos.

El juez Sebastián Argibay procesó a los siete policías por cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público y destrucción de elementos de prueba. Por su parte, Antonia Cali Rojas y Avelina Cabezas fueron procesadas por cohecho activo. Todos los involucrados continuarán el proceso en libertad, aunque se les impuso un embargo de $1 millón a cada uno.

La investigación continúa su curso judicial para determinar las responsabilidades finales de los implicados en este esquema de corrupción detectado en la Ruta Nacional 34.

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