Salario Mínimo: En un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo y la preocupación por el consumo, el Gobierno busca promover un piso de ingresos de $1.000.000 en las negociaciones paritarias. La estrategia oficial apunta a implementar bonos no remunerativos para evitar que el incremento impacte en los precios, una propuesta que genera escepticismo en el sector gremial.
Según publicó Ámbito, es para los convenios colectivos de trabajo que se están renegociando a partir de la reforma laboral.
La estrategia oficial para los ingresos
La Secretaría de Trabajo impulsa la inclusión de una cláusula en los convenios colectivos que garantice un ingreso de $1.000.000. Según fuentes oficiales citadas por Ámbito, la intención es que este monto se alcance mediante bonos no remunerativos, limitando el aumento mensual al 2% para no trasladar costos a los precios finales.
Esta iniciativa surge mientras los salarios privados registrados continúan rezagados frente a la inflación, acumulando una caída real respecto a noviembre de 2023. El Estado, bajo esta premisa, no realizaría aportes directos, delegando la responsabilidad del acuerdo a sindicatos y cámaras empresariales.
Tensión en la previa del Consejo del Salario Mínimo
La propuesta oficial llega en la antesala de la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, programada para este viernes. Desde la Confederación General, Ámbito Jorge Sola calificó la iniciativa como una operación de prensa y denunció que no existió una negociación real, exigiendo paritarias libres sin techos impuestos.
El clima de diálogo es complejo, con diferencias marcadas sobre la modalidad del encuentro: mientras el Gobierno propone un formato virtual, las centrales obreras insisten en la presencialidad. La falta de consenso sobre el valor del Salario Mínimo, que actualmente cubre apenas la mitad de la canasta básica, sugiere que la reunión podría finalizar sin acuerdos, una postura que Javier Milei ha sostenido al considerar que el Estado no debe intervenir en asuntos entre privados.
La brecha entre las expectativas sindicales, que reclaman un básico equiparado a la canasta básica de $1.560.000, y la postura del Gobierno, mantiene la incertidumbre sobre el futuro de los ingresos de los trabajadores en el corto plazo.
