La Justicia bonaerense ordenó la suspensión preventiva de la Ley 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil, por un plazo de 60 días. La decisión busca evitar una vulneración de derechos fundamentales ante la falta de infraestructura y recursos del Estado para garantizar condiciones dignas de encierro.
Régimen Penal Juvenil
Según publicó Ámbito, La medida fue dictada por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.
El fallo judicial y el principio precautorio
La magistrada Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, dictó la medida tras hacer lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. La resolución, firmada el 7 de septiembre, advierte sobre el impacto que la nueva normativa tendrá al ampliar el universo de adolescentes sometidos al sistema penal.
El fallo subraya que el Poder Judicial no debe esperar a que se produzca una violación de derechos para intervenir, aplicando el principio precautorio. La jueza cuestionó si el Estado cuenta con la capacidad institucional y material necesaria para recibir a una mayor cantidad de jóvenes sin comprometer sus derechos básicos.
Condiciones de encierro y advertencias sobre el hacinamiento
La resolución pone la lupa sobre el estado de los dispositivos de privación de la libertad en Buenos Aires. Aunque se reconocieron avances en infraestructura y alimentación, la magistrada enfatizó que no se cumple con un piso mínimo que garantice la responsabilidad internacional del Estado. Asimismo, señaló deficiencias persistentes en el acceso a educación, formación profesional y laboral.
La jueza advirtió que el hacinamiento de adolescentes no solo vulnera sus derechos, sino que incrementa los niveles de violencia e inseguridad social a futuro. Según su criterio, las condiciones en las que los jóvenes cumplen su detención determinan directamente la forma en que egresarán del sistema una vez cumplida la condena.
Audiencia con funcionarios del Ejecutivo
Como parte de la medida, el Juzgado convocó a los responsables de las áreas del Poder Ejecutivo provincial vinculadas a la implementación del régimen a una audiencia el próximo 16 de septiembre. El objetivo es que los funcionarios expliquen las medidas adoptadas y los plazos previstos para adecuar los establecimientos a los estándares legales vigentes.
La resolución ordena al Ministerio de Seguridad, al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que adopten las acciones necesarias para hacer efectiva la suspensión durante el periodo establecido.
La decisión judicial se fundamenta en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y diversas normativas internacionales, reafirmando que el Estado debe preservar tanto los derechos de los adolescentes como los intereses de la comunidad.
