La Justicia Federal resolvió dos instancias clave en el expediente que investiga a Revolución Federal. Por un lado, el magistrado Marcelo Martínez De Giorgi descartó la hipótesis de un supuesto financiamiento por parte de Caputo Hermanos hacia la agrupación, mientras que, por otro, ordenó que cinco de sus miembros enfrenten un juicio oral por incitación a la violencia.
Revolución Federal
Según publicó Minuto Uno, El juez Martínez de Giorgi resolvió dos cuestiones centrales en la causa que investiga a Revolución Federal.
Sobreseimiento de la familia Caputo
El juez Marcelo Martínez De Giorgi dictó el sobreseimiento de Flavio Luis Nicolás Caputo, Hugo Luis Pascual Caputo y Rosana Pía Caputo. Tras analizar la documentación, el magistrado concluyó que no existen elementos probatorios que vinculen a Caputo Hermanos con el financiamiento de las actividades de Revolución Federal.
La investigación, que había sido impulsada por la querella de Cristina Kirchner, buscaba determinar si los pagos realizados por trabajos de carpintería a Jonathan Morel eran, en realidad, una maniobra para solventar a la agrupación. Sin embargo, el fallo determinó que el vínculo comercial era real y que los desembolsos correspondían a la provisión de mobiliario para los proyectos Espacio Añelo y Santa Clara del Sur.
El magistrado aclaró que, si bien pudieron existir irregularidades en la facturación o posibles maniobras de elusión tributaria, estas no guardan relación con un financiamiento de carácter criminal o político hacia el grupo investigado.
Elevación a juicio de los integrantes de la agrupación
En una resolución paralela, el juez dispuso la clausura de la instrucción y la elevación a juicio oral para Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Sabrina Basile, Gastón Guerra y Lidia Casciano. La acusación, sostenida por el fiscal Gerardo Pollicita, se centra en los hechos de violencia e intimidación cometidos entre mayo y octubre de 2022.
Los imputados deberán responder por el delito de incitación a la violencia colectiva, tras haber utilizado redes sociales y manifestaciones públicas para difundir mensajes de odio contra autoridades del Poder Ejecutivo Nacional. En el caso de Morel, la situación se agrava por causas conexas vinculadas a amenazas contra figuras como Victoria Donda, Víctor Hugo Morales, Maia Daer, Claudia Neira y Jorge Ferraresi.
A pesar de los pedidos de sobreseimiento presentados por las defensas, el juzgado ratificó que existen pruebas suficientes para avanzar hacia la etapa de debate oral, donde se determinará la responsabilidad penal de cada uno de los acusados por los hechos atribuidos.
Con estas decisiones, la causa entra en una nueva etapa procesal, cerrando el capítulo sobre el supuesto financiamiento externo mientras se prepara el inicio del juicio oral para los miembros de Revolución Federal.
