Condenan a un policía: El Poder Judicial dictó condenas contra tres personas involucradas en una red de maniobras ilícitas que operaba sobre vehículos bajo custodia. El caso, que involucra a un efectivo policial, quedó al descubierto tras detectar irregularidades en la transferencia de rodados que formaban parte de la causa Ríos & Asociados.
Condenan a un policía
Según informó Ministerio Público Fiscal, la investigación fue llevada adelante por la Unidad de Delitos Económicos Complejos.
El esquema de estafas y la complicidad policial
La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, a través del auxiliar fiscal Pablo Nieva, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado donde fueron condenados César Daniel Fernández, Ángel Emanuel Franco y Mariela del Valle Herrera.
La investigación se inició al detectarse que un Ford Focus, secuestrado en marzo de 2022 por la causa Ríos & Asociados, había cambiado de titularidad sin autorización. El vehículo, que permanecía en el Depósito de Secuestros del Poder Judicial, fue transferido en abril de 2024 y utilizado para constituir una prenda por más de $11 millones.
El Cuerpo de Investigaciones Fiscales determinó que Fernández, quien se desempeñaba como verificador, firmó un Formulario 12 para facilitar la transferencia. Por su parte, Franco actuó como nexo en la operación, mientras que Herrera, en su rol de gestora, coordinó los trámites registrales.
Allanamiento y hallazgos de irregularidades
Tras los allanamientos solicitados por Salinas Odorisio, se descubrió documentación sobre una Toyota Hilux, también vinculada a la misma causa. En el domicilio de Franco se halló un Formulario 08 que simulaba una compraventa por $13 millones y papeles de un crédito prendario, a pesar de que el titular original nunca había vendido el rodado.
La jueza Claudia Puerta homologó el acuerdo de juicio abreviado. Fernández recibió tres años de prisión condicional, inhabilitación absoluta perpetua y una multa de $1.296.000 por falsificación ideológica, estafa y concusión en 36 hechos. Franco y Herrera fueron condenados a un año de prisión condicional por estafa y uso de documento falso.
Además de las penas, se ordenó la anulación de las inscripciones registrales de los vehículos. Durante los operativos, se secuestraron 500 formularios de verificación en poder de Fernández, quien además fue señalado por realizar trámites irregulares cuyos fondos nunca ingresaron al Fondo Único Policial.
La sentencia marca un precedente en la investigación de delitos contra la administración pública, exponiendo cómo el acceso a los bienes bajo custodia era utilizado para obtener beneficios económicos ilícitos mediante la falsificación de documentos oficiales.
