La situación judicial de Martina Oliva, condenada a siete años de prisión por el transporte de 15 kilos de estupefacientes, sufrió un nuevo revés tras la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de declarar inadmisible un recurso extraordinario presentado por su defensa.
Martina Oliva
Según informó Nuevo Diario de Salta, la resolución fue dictada por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.
El rechazo de Casación
El 2 de septiembre, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió declarar inadmisible el recurso extraordinario interpuesto por el abogado Marcelo Arancibia. Con esta medida, el tribunal desestimó el intento de la defensa de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisara la sentencia condenatoria.
El juez Daniel Petrone fundamentó la decisión señalando que el planteo no lograba acreditar la existencia de una cuestión federal, además de notar que varios de los argumentos ya habían sido abordados en instancias anteriores.
Antecedentes de la causa
Martina Oliva fue condenada el 12 de marzo de 2026 por el Tribunal Oral Federal 1 de Salta. La sentencia se originó a raíz de un operativo realizado el 5 de febrero de 2025 en las inmediaciones del expeaje Aunor, donde se interceptó un cargamento de 15 kilos de marihuana que era trasladado desde Orán hacia Salta.
La investigación fiscal sostuvo que la droga era transportada en un Citröen C3, mientras que Oliva circulaba en una Toyota Hilux que, según la hipótesis de la acusación, actuaba como vehículo de apoyo o "coche puntero". Durante el procedimiento, los ocupantes del primer rodado arrojaron la carga y se dieron a la fuga.
La estrategia de la defensa
Tras la condena, la defensa de la joven intentó revertir el fallo argumentando, entre otros puntos, la falta de perspectiva de género en el juzgamiento y el supuesto desconocimiento de Oliva sobre las actividades ilícitas atribuidas a su pareja. Estos planteos fueron rechazados previamente por Casación el 17 de junio.
A pesar de este nuevo revés, la vía judicial no se encuentra agotada. La defensa aún conserva la posibilidad de presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema, herramienta procesal habilitada para cuestionar la denegación de recursos extraordinarios.
Mientras el proceso judicial continúa su curso, la condena de siete años de prisión permanece bajo revisión a través de los recursos disponibles. Hasta el momento, la sentencia no ha adquirido firmeza, manteniendo el estado procesal previo a la ejecución de la pena.
