La Justicia federal dictaminó un plazo perentorio de cinco días para que el Gobierno nacional regularice la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, tras determinar que el Estado no ha cumplido con la medida cautelar vigente.
Ley de Financiamiento Universitario
Según publicó Ámbito, El juez Martín Cormick dio cinco días al Ejecutivo para cumplir la cautelar que ordena actualizar salarios y programas estudiantiles.
El fallo judicial y la advertencia al Ejecutivo
El magistrado Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal, resolvió intimar al Poder Ejecutivo para que garantice la ejecución de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión responde a un pedido del Consejo Interuniversitario Nacional y advierte que, de persistir la demora, se aplicarán multas diarias.
El juez Cormick desestimó los argumentos presentados por el Gobierno, al considerar que la documentación aportada sobre acuerdos previos no acredita un cumplimiento total de lo ordenado judicialmente. El magistrado enfatizó que la administración de Javier Milei debe proceder con la actualización de los haberes del personal docente y no docente, así como con la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
El trasfondo del reclamo universitario
El conflicto se mantiene latente tras meses de negociaciones sin resultados satisfactorios. Los gremios del sector sostienen que existe una pérdida salarial acumulada del 32,5% desde el inicio de la gestión actual, una cifra que forma parte de la demanda sindical pero que no ha sido validada por el tribunal.
A pesar de los intentos previos de diálogo, como el acuerdo alcanzado en junio por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, las partes no lograron un consenso definitivo. Ante la falta de avances, las organizaciones docentes y no docentes han ratificado la convocatoria a una Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, exigiendo el respeto a la normativa aprobada por el Congreso.
En este marco, referentes como Emiliano Cagnacci han cuestionado la postura oficial, subrayando que el cumplimiento de la Ley es un pilar fundamental en democracia, mientras que desde otros sectores gremiales instaron al Poder Ejecutivo a acatar las resoluciones judiciales vigentes.
