La Justicia avanza en una investigación sobre el sistema de compras de la ex Agencia Nacional de Discapacidad, tras la presentación de informes técnicos que señalan graves inconsistencias administrativas, sobreprecios y posibles irregularidades en la entrega de insumos ortopédicos.
Agencia Nacional de Discapacidad
Según publicó Elonce, Informes técnicos remitidos a la Justicia señalaron presuntas irregularidades en compras de la ex ANDIS, con diferencias de precios, posibles errores administrativos, un pago duplicado.
Inconsistencias en la entrega de insumos
Uno de los casos más críticos detectados involucra a un paciente de Río Negro que requería una prótesis tras una amputación. Aunque los registros administrativos contaban con un remito firmado por la madre del beneficiario, las consultas posteriores confirmaron que el elemento nunca fue entregado.
El informe técnico sugiere que la firma se habría obtenido mediante una inducción a error durante el proceso de toma de medidas, lo que permitió que el insumo figurara como entregado en los registros oficiales pese a la ausencia del producto.
Sobreprecios y errores administrativos
La auditoría comparó los valores abonados por el organismo con adquisiciones de otras entidades públicas, detectando diferencias de hasta un 1.972%. Entre los ejemplos citados, se menciona la compra de válvulas bicavales a Farma Salud por 425 millones, mientras que el PAMI había adquirido sistemas similares por 124,2 millones.
Asimismo, se identificaron disparidades del 711% en válvulas pulmonares y costos elevados en implantes cocleares adquiridos a Droguería Floresta. Los documentos también señalan presuntos errores de categorización y una marcada preferencia por productos importados frente a alternativas nacionales, con sobreprecios que oscilan entre el 300% y el 1.000%.
Finalmente, la investigación analiza una factura de Indecomm por 28,7 millones que habría sido abonada en dos oportunidades, además de una diferencia del 219% en la compra de un neuroestimulador, elementos que ahora forman parte del expediente judicial.
Todo el material documental ha sido incorporado a la causa judicial, la cual busca determinar las responsabilidades por los posibles errores administrativos y las irregularidades detectadas en la gestión de los recursos destinados a la discapacidad.
