La Justicia de Estados Unidos dio luz verde al fondo Titan Consortium para que comience a identificar y solicitar embargos sobre activos argentinos. La medida responde a una condena de US$390,9 millones vinculada a la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral ocurrida en 2008.
Aerolíneas Argentinas
Según publicó Elonce, Un tribunal federal de Washington autorizó al fondo Titan Consortium a avanzar con.
El alcance de la resolución judicial
La jueza federal Jia M. Cobb, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, firmó el pasado 25 de septiembre la resolución que permite a los demandantes iniciar gestiones para el cobro de la deuda. Según se informó, el fallo habilita la búsqueda de bienes susceptibles de ejecución, aunque no implica un embargo automático ni inmediato sobre activos específicos.
Para avanzar con medidas concretas, Titan Consortium deberá presentar pedidos formales y cumplir con las normativas estadounidenses, incluyendo las reglas de inmunidad que protegen determinadas propiedades del Estado argentino. La magistrada justificó la decisión señalando que han transcurrido 21 meses desde que se reconoció el laudo arbitral sin que el país haya efectuado el pago correspondiente.
Antecedentes del litigio internacional
El conflicto se remonta a 2008, cuando el Estado argentino expropió Aerolíneas Argentinas y Austral, que por entonces estaban bajo control del grupo Marsans. Los antiguos inversores recurrieron al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, argumentando una violación al tratado bilateral de inversiones entre Argentina y España.
Tras años de disputa, en diciembre de 2024, el Tribunal de Distrito de Columbia dictó una sentencia a favor del fondo por US$390,9 millones más intereses. Aunque el Estado argentino intentó frenar el proceso alegando que la demanda estaba fuera de término, la Cámara de Apelaciones ratificó el fallo en julio de 2026, despejando el camino para la etapa actual de ejecución patrimonial.
El analista Sebastián Maril, especializado en litigios internacionales, indicó que el fondo tiene registrado el caso en Columbia y Nueva York, aunque las futuras acciones de embargo no se limitarían necesariamente a esas jurisdicciones. Mientras tanto, se aguarda la respuesta de la defensa del Estado frente a este nuevo escenario judicial.
