La tensión diplomática entre Argentina y el Reino Unido alcanzó un punto crítico. Las autoridades británicas citaron de urgencia a la embajadora Mariana Plaza como una respuesta directa a la decisión del Gobierno de Javier Milei de iniciar un arbitraje internacional para frenar la explotación petrolera en las Islas Malvinas.
Islas Malvinas
Según publicó Ámbito, Mariana Plaza fue citada por las autoridades británicas tras el arbitraje impulsado por Javier Milei para frenar la explotación de hidrocarburos.
Dura respuesta británica y cuestionamiento a la fiabilidad argentina
La convocatoria fue confirmada por Uma Kumaran, subsecretaria de Estado para los Territorios de Ultramar, quien lanzó duras críticas contra el reclamo presentado por Argentina. La funcionaria sostuvo que la medida constituye un intento de socavar la seguridad económica de los habitantes de las islas y defendió las actividades de explotación bajo la regulación de las Falklands.
Kumaran elevó el tono de la disputa al cuestionar la fiabilidad de Argentina como socio internacional, advirtiendo que el comportamiento del Gobierno no refleja responsabilidad en los compromisos internacionales. Además, reafirmó la soberanía británica sobre el archipiélago y aseguró que el Reino Unido defenderá robustamente los deseos de los isleños.
La ofensiva judicial y el freno al saqueo
El Presidente Javier Milei impulsa esta medida con el objetivo de detener lo que calificó como un saqueo ilegal de recursos. El Gobierno advirtió que, de no obtener respuestas satisfactorias en un plazo de dos semanas, solicitará ante un tribunal internacional medidas provisionales para proteger los derechos soberanos reclamados por el país.
En paralelo, la Cancillería intensificó la presión sobre el sector privado. El Palacio San Martín ya envió cerca de 200 notas de advertencia a inversores de 30 países y ha iniciado unos 60 procedimientos administrativos. Asimismo, se presentaron al menos tres denuncias penales contra diez compañías petroleras y sus directivos.
Este episodio marca un endurecimiento explosivo en la política exterior respecto a la soberanía de las Islas Malvinas, mientras el Gobierno mantiene su postura de confrontar judicialmente a las empresas que operan en la zona bajo bandera británica.
