Especialización y la prevención: Lo señaló el Asesor General del Ministerio Público Pupilar, Gaspar Solá Usandivaras, durante la apertura del IV Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil que se desarrolla en Salta. Destacó la necesidad de contar con sistemas de gestión que permitan medir las vulneraciones de derechos y las problemáticas que afectan a niños y adolescentes, para lograr intervenciones oportunas del Estado.
especialización y la prevención
Inició en Salta el IV Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil, organizado por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JuFeJus), el Foro Penal Juvenil, el Poder Judicial de Salta y las Escuelas de la Magistratura del Poder Judicial y del Ministerio Público de Salta.
El Asesor General del Ministerio Público Pupilar, Gaspar Solá Usandivaras, participó de la apertura junto al vicegobernador de la Provincia, Antonio Marocco; la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero; la Defensora General y titular del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, Ada Zunino; el director académico de la Escuela de la Magistratura y juez de la Corte, Fabián Vittar; la presidenta de JuFeJus, Emilia María Valle; y la jueza en lo Penal Juvenil Nadia Cruz.
Las autoridades destacaron la importancia del trabajo interinstitucional, interdisciplinario y especializado para la adecuada implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que entró en vigencia hace 25 días en todo el país.
El Asesor General se refirió a los desafíos que plantea la Ley 27.801 y señaló que, más allá de las controversias que generó, “tenemos la responsabilidad de mirar hacia adelante para lograr una implementación eficiente, entendiendo que cuando un adolescente entra en conflicto con la ley penal estamos frente a una persona en desarrollo, sujeto de derechos, que debe ser abordada dentro de un sistema diferenciado y especializado, distinto del sistema penal de adultos”.
“El desafío de la especialización no alcanza únicamente a los operadores judiciales. Me refiero también a la especialización de los equipos interdisciplinarios que están en territorio y constituyen un apoyo fundamental para la toma de decisiones orientadas a brindar respuestas integrales y adecuadas a cada caso”, señaló el Asesor General.
En este sentido, enfatizó que un “Régimen Penal Juvenil debe ir de la mano con la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente desde el año 2005”, y sostuvo que lograr una adecuada articulación entre ambos sistemas constituye uno de los principales desafíos.
Gaspar Solá Usandivaras, resaltó también la necesidad de contar con sistemas de gestión que permitan medir las vulneraciones de derechos y las problemáticas que afectan a niños y adolescentes, para favorecer la detección temprana y las intervenciones oportunas del Estado y sostuvo que la Ley 27801 conduce hacia un sistema especializado y diferenciado que debe brindar herramientas para prevenir la reincidencia.
En ese contexto, planteó la necesidad de avanzar en políticas públicas preventivas acordes con las diversas problemáticas infantojuveniles que se registran en cada jurisdicción y aseveró que disponer de información sistematizada permitirá identificar las principales problemáticas, orientar las políticas preventivas y favorecer la detección temprana y la intervención oportuna del Estado y de los distintos actores sociales.
El Congreso se desarrolla en el salón Los Ceibos del Centro de Convenciones de Salta, con la participación de especialistas de todo el país y más de 1.900 asistentes, quienes abordan diferentes aspectos del sistema penal juvenil bajo el lema “La especialización como garante de la paz social”.
