Una fuerte polémica sacude al Concejo Deliberante de Rosario de Lerma tras conocerse que la concejala oficialista Aurelia Córdoba resultó beneficiada en el reciente sorteo de 93 viviendas del IPV. La noticia generó indignación, ya que más de 500 familias locales competían por la misma oportunidad habitacional.
Rosario de Lerma
Según publicó Nuevo Diario de Salta, Una concejala del arco oficialista del intendente Sergio “Topo” Ramos, una vivienda del IPV y cientos de familias que esperaban acceder a un techo propio.
El reclamo por transparencia
La concejala Camila Jorge interpeló públicamente a su par, Aurelia Córdoba, exigiendo explicaciones sobre los requisitos, el grupo familiar declarado y las condiciones bajo las cuales participó del sorteo. Jorge subrayó que, ante la escasez de unidades habitacionales, la transparencia no puede ser opcional para quienes ocupan cargos públicos.
El malestar se profundiza al considerar la desproporción entre la oferta y la demanda: mientras solo se sortearon 93 viviendas, más de 500 familias estaban habilitadas para participar. Esto implica que cientos de hogares, muchos de ellos con años de espera, quedaron fuera del beneficio en esta instancia.
Antecedentes y coherencia política
Jorge recordó que la propia Córdoba había acompañado previamente iniciativas en el Concejo Deliberante para controlar el acceso a viviendas sociales e incluso proyectos para excluir a funcionarios públicos de estos sorteos. "Si consideramos necesario controlar el acceso a las viviendas cuando se trata de los vecinos, también debemos hacerlo cuando la beneficiaria es una funcionaria", sentenció la edil.
La concejala Jorge, quien integra el mismo cuerpo legislativo, enfatizó que su planteo no busca afirmar irregularidades, sino garantizar que los criterios de evaluación sean iguales para todos. Asimismo, denunció una doble vara en el trato hacia los funcionarios, comparando este caso con las críticas que ella misma recibió por su actividad profesional privada.
Hasta el momento, la concejala Aurelia Córdoba no ha brindado declaraciones ni respuestas ante los intentos de contacto realizados por Nuevo Diario. Mientras tanto, el interrogante sobre la transparencia en la adjudicación de recursos del Estado sigue abierto en la comunidad de Rosario de Lerma.
