Brutal operativo policial la Corte: La Sala IV de la Corte de Justicia de Salta ratificó una condena contra la Provincia por el accionar desmedido de efectivos policiales que, en 2020, provocaron la pérdida del ojo derecho de Valle Paz durante un violento operativo en el barrio 20 de Febrero.
Brutal operativo policial la Corte
Mirta del Valle Paz fue herida dentro de su casa durante un operativo en barrio 20 de Febrero, en 2020.
El hecho y la responsabilidad de la Provincia
El incidente ocurrió el 12 de septiembre de 2020, en medio de disturbios callejeros protagonizados por facciones de la barra de Central Norte. Según consta en el expediente, Valle Paz se encontraba dentro de su domicilio cuando agentes de la Policía comenzaron a disparar hacia el interior de la vivienda.
La mujer relató que, al intentar resguardarse, recibió un impacto de proyectil cerca del ojo derecho. El informe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y la historia clínica del Hospital San Bernardo confirmaron el estallido traumático del globo ocular, lo que derivó en la extracción del ojo.
La Corte rechazó los argumentos de la Provincia, que intentó alegar que la víctima se había expuesto voluntariamente al peligro. El tribunal concluyó que Valle Paz era ajena a los disturbios y que la fuerza de seguridad actuó con una falta de mesura y prudencia que derivó en la lesión.
Detalles de la indemnización
La sentencia confirmó el pago de $4.138.000 en concepto de capital, desglosados en $1.138.000 por daño material y $3.000.000 por daño moral. El tribunal desestimó el reclamo por ingresos laborales perdidos al considerar que no se presentaron pruebas suficientes sobre la actividad de la damnificada.
Asimismo, la Sala IV modificó el cálculo de los intereses. Se estableció que, desde la fecha del hecho hasta el pago efectivo, se aplicará la tasa activa de la cartera general de préstamos del Banco Nación, con el objetivo de actualizar los valores históricos fijados en la condena.
Con este fallo, la Corte de Justicia de Salta cierra una instancia clave del proceso, manteniendo el rechazo a la apelación de la Provincia y ratificando que la administración debe responder por el accionar desmedido de sus agentes en el procedimiento mencionado.
