Luis Benavidez: Un enfermero que prestaba servicios en el Policlínico PAMI II de Rosario fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión efectiva, tras confirmarse que se dedicaba a la comercialización ilegal de fentanilo y bromuro de vecuronio, sustancias que sustraía directamente de su lugar de trabajo.
Luis Benavidez
Según publicó Elonce, Enfermero entrerriano fue condenado a 4 años y 6 meses por vender fentanilo y bromuro de vecuronio que sustraía del PAMI II.
Una investigación iniciada tras una muerte dudosa
La causa contra Benavidez se originó a raíz de la denuncia del padre de un hombre de 37 años, quien falleció en agosto de 2023. En el domicilio de la víctima se halló una jeringa y un frasco de bromuro de vecuronio, aunque inicialmente la Justicia provincial archivó el caso por falta de técnicas específicas para detectar la sustancia en el cuerpo.
Sin embargo, el aporte de conversaciones telefónicas y videos por parte de la familia permitió que la Justicia Federal tomara el caso. En los chats, el enfermero se jactaba de la potencia del vecuronio, asegurando que era "dos veces más fuerte" que el fentanilo. En un audio escalofriante enviado poco antes del deceso, Benavidez advertía a la víctima sobre la peligrosidad de la dosis: "Va a quedar muy concentrada y te vas a pasar para el otro lado".
Allanamiento y condena
Tras la intervención de Gendarmería Nacional en domicilios de Rosario y Concepción del Uruguay, Entre Ríos, se secuestraron decenas de frascos de bromuro de vecuronio, ampollas de fentanilo, jeringas y otros medicamentos como Blokium. El cotejo de los lotes confirmó que los fármacos pertenecían al sector de Farmacia y Esterilización del Policlínico donde trabajaba el imputado.
El juez federal de garantías Carlos Vera Barros homologó el acuerdo alcanzado entre la defensa y los fiscales Soledad García, Matías Mené y Martín Uriona. Benavidez fue condenado por comercio de estupefacientes, venta de sustancias medicinales peligrosas, hurto y tenencia ilegítima de arma de fuego, recibiendo además una inhabilitación absoluta para ejercer la enfermería y cargos públicos.
La sentencia marca un precedente en la investigación de la sustracción de insumos hospitalarios, dejando al descubierto una red de venta ilegal que operaba desde el interior del sistema de salud.
