El Gobierno nacional se prepara para apelar en los próximos días la resolución del juez Martín Cormick, quien ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto que condicionaba su puesta en marcha.
Ley de Financiamiento Universitario
Según publicó Ámbito, en Casa Rosada ya trabajan en la estrategia judicial, mientras que en paralelo se analizan otros mecanismos legales para evitar afrontar de inmediato el gasto.
El fallo contra el Poder Ejecutivo
El magistrado Martín Cormick hizo lugar a una acción de amparo colectivo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional, diversas Universidad y docentes, además de una demanda acumulada por la Universidad de Buenos Aires. La decisión judicial cuestiona específicamente la validez del decreto 759/2025, que supeditaba la ejecución de la Ley a la determinación de fuentes de financiamiento y la incorporación de partidas presupuestarias.
Para el juez, la condición impuesta por el Gobierno funcionó como un mecanismo para frenar una norma que el Congreso había ratificado con mayorías agravadas, tras haber superado el veto presidencial. En su fallo, Cormick sostuvo que el decreto no supera un test mínimo de razonabilidad al permitir la inaplicación de una Ley donde el Congreso insistió con las mayorías agravadas requeridas.
La estrategia del Gobierno
Ante este escenario, la administración nacional apuesta a la apelación sistemática de las determinaciones judiciales. Mientras se discuten internamente los mecanismos para cumplir con los fondos que exige la Ley de Financiamiento Universitario, en Casa Rosada trabajan en la estrategia legal para evitar afrontar de inmediato el gasto que implicaría su ejecución.
La orden judicial exige al Poder Ejecutivo el cumplimiento inmediato de la Ley con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para garantizar la Recomposición del Salario Docente y el Financiamiento de la Educación Universitaria.
La disputa legal continúa abierta mientras el Gobierno busca dilatar la aplicación de la norma mediante los recursos judiciales disponibles.
