La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, se enfrenta a una audiencia clave este jueves 8 de octubre para frenar la libertad de un hombre de 29 años, acusado de ejercer violencia de género contra una joven en Cerrillos.
Sodero Calvet
Según informó el Ministerio Público Fiscal, la audiencia será presidida por los jueces Jorge Luis Musa e Ignacio Colombo.
Una batalla judicial por la libertad del imputado
La fiscal Sodero Calvet presentó recursos de apelación tras el rechazo a ampliar la imputación contra el acusado y la posterior decisión de otorgarle la libertad bajo monitoreo. La funcionaria sostiene que la investigación expone un ciclo de violencia sostenida y progresiva, advirtiendo que el sistema de monitoreo resulta insuficiente para garantizar la seguridad de la mujer y sus hijos.
En el recurso, la Fiscalía cuestiona duramente que la decisión de liberar al hombre se haya centrado únicamente en la viabilidad técnica del dispositivo SUMA, omitiendo una valoración integral de las pruebas de alto riesgo y el contexto de vulnerabilidad extrema que atraviesa la víctima.
El conflicto por la ampliación de la imputación
La controversia también se centra en la negativa del juez Antonio Pastrana a ampliar la imputación por tentativa de homicidio agravado y lesiones leves, hechos que habrían ocurrido durante 2025 y fueron detectados mediante evidencia digital. El magistrado consideró que no se trataba de hechos nuevos ni estaban suficientemente precisados.
Ante esto, Sodero Calvet denunció que dicha resolución restringe sus facultades investigativas y limita la capacidad del Ministerio Público Fiscal para definir la hipótesis del caso. La fiscal enfatizó que estos episodios deben analizarse como parte de una dinámica de violencia reiterada, exigiendo que se revoque la medida y se habilite la ampliación de la acusación.
La audiencia ante los jueces Jorge Luis Musa e Ignacio Colombo será determinante para definir si se restablece la prisión preventiva y si se permite avanzar con la nueva calificación legal solicitada por la Fiscalía, en un caso que pone en juego la protección efectiva de la víctima.
