Carlos Alfredo "Conejo" Martínez, exintendente de Aguas Blancas, se entregó este miércoles en la Comisaría 25, poniendo fin a una intensa búsqueda que se extendió por varios días tras haber eludido un operativo federal el pasado sábado.
Conejo Martínez
Según publicó Qué Pasa Salta, el exfuncionario quedó a disposición de la Justicia en una causa que investiga un presunto esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Una investigación de gran escala
La causa, impulsada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), es el resultado de casi dos años de pesquisas. La Fiscalía sostiene la hipótesis de que Martínez lideraba una organización dedicada a introducir en el circuito legal fondos obtenidos mediante actividades ilícitas.
Los operativos, que incluyeron más de 30 allanamientos en Aguas Blancas, Orán y Salta Capital, alcanzaron incluso propiedades en el club de campo Altos de San Lorenzo. Durante los procedimientos, las fuerzas federales secuestraron vehículos, documentación y numerosos dispositivos electrónicos.
Imputaciones y peritajes digitales
La magnitud del expediente judicial se refleja en la cantidad de personas alcanzadas. Antes de la entrega del exintendente, ya existían 11 imputados, entre ellos sus hijos Miguel Ángel Martínez y Jessica Elizabeth Martínez, su exesposa Nancy Mirta Cordero, su actual pareja Tamara Tapia, y los contadores Orlando Oris Lovera y Julián Manuel Barreiro. También fueron señalados Dimas José Ruiz, Rafael Antonio Aragón Rodríguez, Emiliano Pascual Ollarzú, María Cristina Flores y Mauro Alberto Rojas.
El juez de Orán Gustavo Montoya dictó la prisión preventiva para siete de los acusados tras una extensa audiencia. Asimismo, el magistrado autorizó el peritaje de 35 teléfonos celulares secuestrados, con el objetivo de reconstruir comunicaciones que permitan esclarecer el funcionamiento de la estructura y determinar si existió una filtración que facilitó la fuga inicial de Martínez.
Antecedentes judiciales
Martínez cuenta con un historial previo en la Justicia. En 2013 fue condenado a cinco años de prisión por transporte de estupefacientes. Posteriormente, su gestión como intendente en la zona de frontera finalizó abruptamente en 2024, en el marco de otra causa judicial vinculada al asesinato de su hermano, César "Oreja" Martínez, por la cual recibió una condena por violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional.
Con su presentación voluntaria, el exintendente queda ahora bajo la órbita de la Justicia, que cuenta con un plazo de seis meses para completar la investigación sobre el presunto entramado de lavado de activos.
