Decidido a no claudicar, el Gobierno de Javier Milei volvió a poner una traba para que la Ley de Financiamiento Universitario no se aplique, apelando este jueves el fallo del juez Martín Cormick que declaró la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025.
Ley de Financiamiento Universitario
Según publicó Minuto Uno, el Gobierno apeló la resolución judicial que le ordenaba el cumplimiento inmediato de la normativa.
El trasfondo del conflicto judicial
El magistrado Martín Cormick había hecho lugar a un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional, universidades y docentes. En su resolución, el juez determinó que el Poder Ejecutivo no tenía facultades para condicionar, mediante el Decreto 759/2025, una ley que ya había sido ratificada por el Congreso tras superar el veto presidencial.
La orden judicial exigía al Gobierno el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, instando al dictado de las normas reglamentarias necesarias. Ante este escenario, el Ejecutivo decidió elevar la causa a la Cámara Contencioso Administrativo Federal para intentar frenar la medida.
El recorrido legislativo de la norma
La Ley 27.795 atravesó un extenso proceso parlamentario antes de llegar a esta instancia judicial. Tras obtener media sanción en Diputados el 6 de agosto de 2025 y ser sancionada por el Senado el 21 de agosto, la norma fue vetada totalmente por Javier Milei mediante el Decreto 647/2025 el 10 de septiembre.
Sin embargo, tanto Diputados como el Senado insistieron con la sanción original en septiembre y octubre de 2025, respectivamente, alcanzando las mayorías agravadas necesarias para rechazar el veto. Este antecedente de ratificación legislativa es el eje central sobre el cual Cormick fundamentó su fallo, cuestionando la validez del posterior decreto que pretendía limitar su aplicación.
La causa queda ahora en manos de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, mientras persiste la tensión entre el Poder Ejecutivo y el ámbito universitario por la vigencia y el financiamiento de la ley.
