Escrache en redes: La Justicia de Puerto Madryn condenó a una comerciante a pagar una indemnización de $2.450.000 más intereses tras comprobarse que difamó a una vecina al acusarla públicamente de robo a través de Facebook, sin que existiera sustento legal alguno para tales afirmaciones.
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Según publicó Elonce, el fallo fue dictado por el Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Puerto Madryn y posteriormente ratificado por la Cámara de Apelaciones.
El origen del conflicto y la exposición pública
El caso se remonta a febrero de 2021, cuando la comerciante denunció movimientos irregulares en su cuenta de Mercado Pago. Tras una discusión telefónica con una mujer a quien responsabilizó por los débitos, la acusada no solo recurrió a la Fiscalía, sino que utilizó la cuenta de Facebook de su negocio para exponer fotos, domicilio y teléfono de la vecina, tildándola de "chorra" y amenazando con arruinarla públicamente.
La denuncia penal presentada por la comerciante derivó en un allanamiento en el domicilio de la mujer señalada, pero la investigación concluyó con su sobreseimiento al no hallarse pruebas que la vincularan con la supuesta clonación de tarjetas o los gastos realizados.
El fallo judicial y el daño moral
La Cámara de Apelaciones, integrada por los jueces Heraldo Enrique Fiordelisi y Julián Emil Jalil, confirmó la responsabilidad civil de la comerciante. Los magistrados destacaron que, si bien existe libertad de expresión, esta no ampara la imputación pública de delitos sin pruebas, especialmente cuando se utilizan plataformas digitales como "caja de resonancia" para el escrache.
Para fijar el monto de la indemnización, el tribunal aplicó el criterio de satisfacciones sustitutivas y compensatorias, tomando como referencia el costo de un viaje de una semana a las Cataratas del Iguazú con todos los gastos pagos. El juez Julián Emil Jalil subrayó que se valoró una pericia psicológica que acreditó las secuelas sufridas por la víctima ante la exposición y el rechazo social generado por las publicaciones.
Además del resarcimiento económico, la Justicia ordenó que la condenada publique una rectificación en sus perfiles de Facebook durante 15 días corridos, reconociendo que sus acusaciones lesionaron el honor de la víctima y que no se acreditó la comisión de ningún delito.
