Paro de anestesistas: La tensión entre el Gobierno de Salta y la Asociación de Anestesia alcanzó un punto crítico. Ante la persistencia de un paro que tiene paralizadas las cirugías programadas en hospitales públicos de la Capital y el interior, el Ejecutivo advirtió que podría recurrir a la Justicia para garantizar la atención de los pacientes.
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Según informó El Tribuno, el conflicto persiste mientras el Ministerio de Salud Pública intenta destrabar la situación.
Duras críticas y advertencias del Ejecutivo
El ministro Federico Mangione, en declaraciones a Radio Salta, calificó la medida de fuerza como un "gran daño" para los salteños. El funcionario reconoció la existencia de deudas previas, pero cuestionó los montos reclamados y denunció irregularidades técnicas detectadas por el Ministerio, tales como superposiciones horarias y declaraciones de servicios simultáneos.
"No voy a sentirme extorsionado por nadie", sentenció Mangione, quien adelantó que, si los profesionales no normalizan las prestaciones, el Gobierno evaluará recurrir a la Justicia. El titular de Salud Pública enfatizó que la prioridad es la salud de los pacientes y pidió a los anestesistas "un poquito de humildad y colaboración" para destrabar el conflicto.
El impacto en los hospitales públicos
La suspensión de las intervenciones programadas ha generado una creciente demanda quirúrgica pendiente. Aunque el ministro admitió que el reclamo por los pagos atrasados es genuino, descartó de plano cualquier posibilidad de otorgar nuevos incrementos salariales fuera de los acuerdos ya establecidos, argumentando que no existen recursos disponibles para ello.
Según datos oficiales, desde enero de 2026 se han desembolsado más de 3.659 millones de pesos en concepto de guardias y prestaciones. Por su parte, la Asociación de Anestesia sostiene que los incumplimientos son persistentes, citando como ejemplo que las prestaciones correspondientes al mes de mayo recién fueron abonadas en octubre.
Mientras el conflicto se prolonga, el Ministerio de Salud Pública mantiene su postura de no ceder ante nuevas exigencias económicas, instando a los profesionales a retomar sus tareas habituales para evitar mayores perjuicios a la población que aguarda por una cirugía.
