Gobierno dio marcha atrás: El Poder Ejecutivo anunció que dará de baja una controvertida medida incluida en el proyecto de Competitividad Financiera, la cual buscaba eliminar la exención del Impuesto a las Ganancias para quienes operan con Cedears y Fondos Comúnes de Inversión.
Gobierno dio marcha atrás
Según publicó Ámbito, la iniciativa generó incertidumbre en el mercado financiero antes de que el propio Gobierno confirmara su rectificación.
El origen de la controversia
El proyecto, que ingresó recientemente a la Cámara de Diputados, llevaba las firmas de Javier Milei, Diego Santilli y los ministros Luis Caputo, Alejandra Monteoliva y Federico Sturzenegger. Entre sus 240 artículos, la propuesta incluía modificaciones que afectaban directamente a los inversores, específicamente en los artículos 179 y 230, los cuales eliminaban exenciones vigentes para Fondos Comúnes de Inversión y Cedears.
La intención oficial, según los fundamentos del texto, era aplicar un principio de transparencia fiscal para equiparar las condiciones entre quienes adquieren activos en el exterior y aquellos que operan mediante certificados en Argentina. Sin embargo, la medida despertó críticas inmediatas por su potencial impacto en la rentabilidad de los ahorristas.
Rectificación oficial
Ante la repercusión negativa, Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía, aclaró a través de redes sociales que el artículo en cuestión fue un error de redacción. Según explicó el funcionario, la disposición 'quedó de un borrador viejo' y el Gobierno procederá a retirarla del proyecto original.
Más allá de este punto, la Ley de Competitividad Financiera mantiene otros ejes de modernización, como la validación legal de la tokenización de activos, la implementación de títulos sin papel y la posibilidad de utilizar activos digitales como garantía, buscando adaptar el marco normativo a las nuevas herramientas tecnológicas.
El proyecto, que ahora deberá ser debatido en el marco de las sesiones extraordinarias si el oficialismo busca su sanción, también propone cambios en el Código Civil y Comercial para permitir que los pagarés se establezcan en unidades de valor variable, una medida orientada a fomentar el financiamiento en un contexto de alta inflación.
