Una profunda crisis financiera sacude a Paraguay tras la intervención de Ueno Bank, una de las entidades digitales más importantes del país, que dejó a millones de clientes sin acceso a sus fondos y bajo un manto de sospechas por irregularidades en sus créditos.
Ueno Bank
El Banco Central de Paraguay inició el procedimiento de resolución tras detectar un deterioro crítico en la solvencia de la entidad.
Colapso operativo y garantía de depósitos
La intervención se precipitó cuando el Banco Central detectó que el índice de solvencia de Ueno Bank se desplomó por debajo del 50% del mínimo legal. Esta situación forzó el cierre inmediato de la entidad y la suspensión total de sus servicios digitales, dejando a millones de usuarios sin acceso a sus cuentas, tarjetas y transferencias.
Para contener el impacto, el Gobierno busca habilitar el uso del Fondo de Garantía de Depósitos. Este mecanismo cubriría hasta 75 salarios mínimos por depositante, un tope que, según estimaciones, alcanzaría a la gran mayoría de los clientes. Sin embargo, la preocupación se centra en el Instituto de Previsión Social y otras cajas jubilatorias que mantenían depósitos en la entidad.
Sospechas por créditos vinculados y conflicto de intereses
La investigación preliminar apunta a irregularidades en el otorgamiento de préstamos a empresas vinculadas al Grupo Vázquez, propietario del banco. Estas operaciones, que violarían normativas financieras, se suman a deficiencias detectadas en las carpetas crediticias y en los sistemas informáticos de la entidad.
El caso generó un fuerte cuestionamiento sobre el titular del Banco Central, Carlos Carvallo, quien dirigió Ueno antes de su designación. Aunque Carvallo presentó su renuncia para facilitar la investigación, el hecho reavivó las críticas sobre posibles conflictos de intereses en la gestión de Santiago Peña.
Ofensiva opositora y juicio político
El impacto político fue inmediato: el Bloque Democrático en el Congreso anunció que impulsará un juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. La oposición responsabiliza al Gobierno por el direccionamiento de fondos estatales hacia la entidad y exige que la Justicia actúe sin privilegios.
Legisladores opositores presentaron denuncias penales contra las autoridades del Banco Central y los administradores de Ueno Bank. Entre las medidas solicitadas, se encuentran el bloqueo de bienes y la prohibición de salida del país para los directivos, buscando asegurar que respondan por las presuntas omisiones en la supervisión financiera.
Mientras el Gobierno intenta mitigar el descontento social, el futuro de los ahorros que superan el límite de la garantía estatal permanece incierto, sujeto a los resultados del proceso de liquidación de activos. La crisis ya forzó cambios en el tablero político, incluyendo la suspensión de la candidatura presidencial de Pedro Alliana para 2028.
