Prospecto medicamentos: A partir del próximo 16 de noviembre, una disposición de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica permitirá que los laboratorios reemplacen los prospectos impresos por códigos QR. La medida, que abarca tanto a productos bajo receta como de venta libre, ha desatado una fuerte controversia judicial debido a las barreras de acceso que impone a los adultos mayores y a quienes no cuentan con dispositivos digitales.
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La normativa busca modernizar el acceso a la información farmacológica, aunque su implementación enfrenta resistencias legales.
El conflicto judicial y el acceso a la información
La Asociación de Jubilados y Pensionados Plaza Bernardo Ader, con sede en Vicente López, presentó una demanda para frenar la exclusividad del formato digital. El abogado Jorge Filipini, representante de la entidad, argumentó que la normativa vulnera el derecho a la información accesible, citando que una parte significativa de la población mayor de 60 años no utiliza teléfonos celulares.
El planteo legal sostiene que la disposición contraviene la Ley de Defensa del Consumidor, la cual exige que la información sea gratuita y en soporte físico. Además, se cuestionó la transparencia del proceso de consulta pública realizado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, calificándolo de insuficiente y poco representativo.
La respuesta de la Justicia y la industria farmacéutica
En julio de 2026, el juez federal de San Martín Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto rechazó una medida cautelar solicitada por los demandantes al no hallar una urgencia inmediata. Actualmente, el expediente se encuentra bajo análisis de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, mientras los denunciantes advierten que el proceso podría extenderse durante años.
Por su parte, las cámaras que nuclean a los laboratorios, como la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos y la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, defendieron la digitalización como un avance tecnológico. No obstante, reconocieron que la transición será progresiva y que cada empresa decidirá si mantiene el papel, asegurando que no se retirará la información impresa de forma abrupta.
Mientras la Justicia resuelve el fondo de la cuestión, el debate se centra en cómo garantizar que todos los pacientes, independientemente de su capacidad tecnológica, puedan acceder a las indicaciones esenciales de sus tratamientos, un desafío que, según observan, aún no ha sido plenamente resuelto por la normativa vigente.
