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Golpe al DNU: la Corte Suprema ordenó restablecer controles sobre las cuotas de las prepagas

cuotas de las prepagas

El máximo tribunal declaró inconstitucionales artículos del DNU 70/2023 que eliminaban la supervisión estatal sobre los aumentos en la medicina privada.

medicina prepaga

Según publicó Ámbito, la Corte Suprema invalidó los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, obligando a retomar la supervisión estatal sobre las cuotas.

La Corte Suprema de Justicia dictaminó la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, los cuales habían eliminado los controles oficiales sobre los aranceles de la medicina prepaga. Con esta resolución, el tribunal ordenó que el Estado retome la supervisión obligatoria sobre cada incremento aplicado por las empresas del sector.

Freno a la desregulación del sector

El fallo surgió a raíz de la demanda de un afiliado cuya cuota del plan SM02 registró un aumento del 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, elevándose de $136.161,21 a $301.218,02. Los jueces cuestionaron que el Poder Ejecutivo no lograra acreditar las condiciones de “rigurosa excepcionalidad” necesarias para legislar mediante decreto, señalando que los considerandos del DNU no justificaron la relación entre la emergencia invocada y la desregulación del sistema sanitario.

A partir de esta decisión, se reactivan los mecanismos de la Ley 26.682, que exige a las prepagas fundamentar cualquier actualización arancelaria en variaciones comprobables de costos y cálculos actuariales razonables. Si bien la sentencia tiene un alcance directo sobre el expediente analizado, establece un criterio jurídico que los magistrados deberán aplicar en los amparos en trámite y futuras presentaciones individuales.

Cómo afecta a los usuarios

Ante aumentos que continúen sin respaldo regulatorio, se recomienda a los usuarios reunir la documentación de facturas y comprobantes desde fines de 2023. Con este respaldo, los afiliados pueden presentar reclamos formales ante la empresa prestadora y la Superintendencia de Servicios de Salud, o bien consultar a especialistas para incorporar este antecedente judicial en acciones legales vigentes.

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