La jueza dijo que en su pedido, el fiscal solicitó la realización de una medida que afecta derechos constitucionales de la intimidad.
La jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, rechazó el pedido de allanamiento y registro de la sede del Arzobispado de Salta solicitada por el fiscal interviniente en el marco de la causa que se sigue contra Emilio Raimundo Lamas (68), acusado provisoriamente del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por ministro de culto reconocido y por la guarda, en concurso real con abuso sexual simple agravado por ser cometido por ministro de culto reconocido (tres hechos).
Para ello, la jueza dijo que en su pedido, el fiscal solicitó la realización de una medida que afecta derechos constitucionales de la intimidad, pretendiendo injustificadamente con ello incorporar elementos al proceso penal sin indicar cuál sería su pertinencia y utilidad a los fines de la investigación que lleva adelante.
Además, destacó que la Constitución Nacional coloca los acuerdos con la Santa Sede en jerarquía superior a las leyes. Por ello, “sin que exista ningún tipo de afectación al derecho a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva de la supuesta víctima, quien pudo concurrir al proceso penal en el carácter de querellante, y que efectuó la denuncia en fecha 19/05/2017 por ante la OOyD”, es que en caso de hacer lugar a la medida solicitada implicaría no sólo una violación a la Constitución Nacional, sino también una afectación al derecho de defensa del imputado.
Los hechos que originaron la causa contra el sacerdote Lamas habrían sucedido en el Paraje Alfarcito, localidad de Rosario de Lerma en el mes de agosto de 1991, y en la parroquia de Rosario de Lerma en el mes de setiembre de ese año.
