La mujer de 72 años, se hizo presente en forma espontánea en la SubComisaría de la localidad de Guachipas donde realizó la denuncia policial.
En las ultimas horas de este lunes, una mujer de 72 años se hizo presente en forma espontanea en la SubComisaría de la localidad de Guachipas, la anciana pidió hablar con el oficial de servicio, “ella quería realizar una denuncia de lo que ocurrió muchos años atrás” contó una fuente a HolaSalta.com.
El oficial salió y la hizo tomar asiento, preguntó “¿que le pasó abuelita?”, la anciana presentó su documento de identidad (HolaSalta.com no publica datos y detalles de la denunciante a fin de preservar la identidad de la misma) y le dijo al joven policía “vengo a denunciar lo que pasó hace muchos años, en la época del proceso militar, yo se donde enterraron a dos cadáveres”.
Los efectivos al escucharla, quedaron desconcertados mientras que la mujer daba mayores detalles. Inmediatamente los policías realizaron la consulta a la Justicia Salteña, quien dispuso que se de intervención al Juzgado Federal Nº 1, por ser una causa de lesa humanidad.
Un sumariante enviado por el Juzgado Federal Nº 1, llegó a las horas y le tomó la denuncia, la anciana, ella especificó la ubicación exacta de donde yacían los cuerpos enterrados, en inmediaciones de la Ruta Nacional Nº 68 y el pueblo de Alemania, agregando más detalles que no se puede publicar, lugar que en estas horas, se comisionó un grupo de peritos forenses para la búsqueda.
“No quiero ser precipitado en este delicado caso, pero puede tener mucha relación a los hechos como la Masacre de Palomitas y la desaparición del Gobernador Miguel Ragone, suponemos que el Juez actué rápido y se encuentren los cadáveres denunciados en el lugar que indicó la anciana” expresó una fuente federal a HolaSalta.com.
Que dice la historiaEn 1973 se levantó la proscripción al peronismo, Héctor Cámpora fue electo presidente, y en Salta el doctor Miguel Ragone fue electo gobernador por más del 54% de los votos.
Miguel Ragone provenía de la resistencia peronista y enfrentó fuertes críticas por parte de los sectores más acomodados de la sociedad salteña, el clero tradicional y las parcialidades del ala derecha del Partido Justicialista.
El 24 de noviembre de 1974, la entonces presidenta Isabel Martínez de Perón ordenó la intervención de los tres poderes de la provincia. La medida se justificaba en la “manifiesta ineficacia represiva frente a la acción perturbadora de fuerzas cuya actividad ha sido declarada al margen de la ley”.
Durante el año 1975 el Poder Ejecutivo Nacional emitió los llamados decretos de aniquilamiento cuyo objetivo era “neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos”. Con el primero de estos decretos, dictado a principios de febrero de 1975, se inició en la provincia una etapa de detenciones y encarcelamientos de militantes sociales o personas sospechadas de pertenencia a movimientos de izquierda.
El 11 de marzo de 1976 el ex gobernador Miguel Ragone es secuestrado en la vía pública, en horas de la mañana y hasta el día de hoy, permanece desaparecido.
El 24 de marzo de 1976 se produce el golpe de estado que instala la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Carlos Alberto Mulhall, entonces coronel del Ejército Argentino, se posiciona como la máxima autoridad de la provincia de Salta.
La masacre
El 5 de julio de 1976, el entonces coronel Carlos Alberto Mulhall remitió al juez federal de Salta un listado con los nombres de 9 personas detenidas en el penal de Villa Las Rosas que serían trasladadas a la provincia de Córdoba. Al día siguiente, el mismo coronel envía al Director de Institutos Penales otro listado con los nombres de 11 detenidos, para que sean preparados para su traslado.
Al anochecer del 6 de julio de 1976 personal del Ejército retiró del penal a los 11 detenidos, en un operativo que incluyó efectivos de las policías provincial y Federal, con el apoyo de personal del Servicio Penitenciario.
Se había ordenado no registrar en los libros de la cárcel la salida de los presos y retirar de los lugares de acceso a todo el personal subalterno, dejando solo personal de custodia en los puestos de vigilancia de los muros del penal.
Dos efectivos del servicio penitenciario que prestaban servicios en el penal testificaron acerca de lo sucedido. La orden emitida por Mulhall, archivada dentro de la documentación del penal, fue integrada como elemento de prueba al expediente judicial.
Los detenidos fueron subidos a un camión que se trasladó hasta Palomitas, un paraje despoblado sobre la Ruta Nacional N° 34, a unos 50 km hacia el sur de la ciudad de la capital salteña.
Allí fueron puestos en una fila y ejecutados, entre las 22 y las 22:30 del mismo día. Luego de la ejecución, se modificó la escena a fin de fraguar una situación de enfrentamiento. Los cuerpos fueron dinamitados y se eliminó toda la documentación en la cercana unidad policial.
