La Subsecretaría de Derechos Humanos finalizó el proceso de construcción colectiva que permitió elaborar el protocolo de intervención para la prevención y el abordaje de delitos de odio y violencias contra niñas, adolescentes y mujeres originarias.
La Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia, llevó adelante en la localidad de San Antonio de los Cobres la jornada de cierre de las mesas de trabajo destinadas a la reglamentación de la Ley Provincial N.º 8534, conocida como Ley Octorina. La actividad fue encabezada por la subsecretaria de Derechos Humanos, Mirta Noemí Mejías.
El encuentro marcó la culminación de un proceso participativo que recorrió distintos puntos de la provincia, consolidando una construcción colectiva para la elaboración del protocolo de intervención que permitirá fortalecer la prevención y el abordaje de los delitos de odio y las violencias contra niñas, adolescentes y mujeres originarias.
Esta última jornada reunió a representantes del Poder Judicial, la Secretaría de Asuntos Indígenas, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, la Universidad Nacional de Salta, legisladores provinciales, la Municipalidad de San Antonio de los Cobres, organizaciones de la sociedad civil, caciques, cacicas y autoridades de comunidades originarias, quienes aportaron sus experiencias y conocimientos para enriquecer la reglamentación de la norma desde una mirada intercultural y territorial.
Durante el cierre de las mesas de trabajo, la subsecretaria Mirta Noemí Mejías agradeció el compromiso de todos los organismos e instituciones que participaron del proceso. "Cada aporte, cada experiencia compartida y cada mirada territorial fortalecen una reglamentación construida de manera colectiva, pensada para responder a las realidades de las comunidades y garantizar una implementación efectiva de la Ley Octorina en toda la provincia", expresó.
Asimismo, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos destacaron que el trabajo conjunto desarrollado a lo largo de estas instancias permitió consolidar una sólida red interinstitucional y comunitaria, basada en el diálogo, la escucha activa y la participación de las comunidades originarias, aspectos fundamentales para la aplicación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos e interculturalidad.
Como siguiente etapa, se avanzará en la conformación del Observatorio de la Ley Octorina, un espacio que tendrá como objetivo acompañar la implementación, el seguimiento y el fortalecimiento de las acciones previstas por la normativa.
