Estafas inmobiliarias y de inversión: La Fiscalía y las partes arribaron a acuerdos que contemplan la reparación económica de los damnificados. La Jueza dispuso la suspensión del juicio a prueba para dos de los acusados, con reglas de conducta y tareas comunitarias.
Estafas inmobiliarias y de inversión
La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio , representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio seguido contra Carlos Adrián Huergo, Julio César Aldecoa y Mario Gustavo Maldonado, acusados en distintas causas por el delito de estafa y, en el caso de Huergo, también por administración fraudulenta, estafas reiteradas y falsificación de instrumento privado, todo en concurso real.
Durante la audiencia, la Fiscalía y las partes arribaron a soluciones alternativas del conflicto que contemplan la reparación económica de los diez damnificados, mediante acuerdos conciliatorios y suspensiones del juicio a prueba.
La jueza del distrito Centro, Cecilia Flores Toranzos hizo lugar a lo acordado y dispuso la suspensión del juicio a prueba por dos años para Huergo y por un año para Aldecoa, sujeta al cumplimiento de las reparaciones ofrecidas y de las reglas de conducta impuestas.
En el caso de Huergo, deberá abonar reparaciones económicas por 31 millones de pesos en favor de seis damnificados, mediante distintos planes de pago que contemplan mecanismos de actualización. Asimismo, deberá realizar tareas comunitarias durante seis meses en una institución religiosa y acreditar su cumplimiento ante la Oficina Judicial.
Por su parte, Aldecoa deberá abonar un total de 9 millones de pesos a tres damnificados.
Respecto de Huergo y Maldonado, la Jueza tuvo presente el acuerdo conciliatorio alcanzado con otro de los damnificados, que contempla la entrega del dinero que se encontraba embargado en una cuenta judicial y el pago adicional de 1,5 millones de pesos en tres cuotas.
Una vez acreditado el cumplimiento total del acuerdo, se dará intervención a la Fiscalía para que se expida respecto del ejercicio de la acción penal.
Flores Toranzos consideró que las soluciones propuestas resultaban adecuadas frente a conflictos de naturaleza patrimonial y coincidió con la fiscal Salinas Odorisio en que permitían atender los intereses de los damnificados mediante una reparación económica, teniendo en cuenta además que los acusados no registran antecedentes condenatorios.
Como reglas de conducta, Huergo y Aldecoa deberán fijar residencia y comunicar cualquier modificación, abstenerse del abuso de bebidas alcohólicas y del consumo de estupefacientes y no cometer nuevos delitos. Además, se les impuso la prohibición de salir del país sin autorización judicial. El cumplimiento será controlado periódicamente por la Oficina Judicial y, ante un incumplimiento, podrá revocarse el beneficio y continuarse con el juicio.
En relación a Huergo, la Magistrada también hizo lugar al pedido de la defensa y dispuso su sobreseimiento parcial por prescripción del delito de falsificación de instrumento privado. Para resolver, tuvo en cuenta que el último acto interruptivo de la prescripción fue la citación a juicio del 8 de septiembre de 2023 y que el acusado no registra antecedentes condenatorios que interrumpieran ese plazo.
Todas las partes prestaron conformidad con lo resuelto y renunciaron a los plazos procesales para recurrir.
La investigación de UDEC inició a partir de denuncias vinculadas con operaciones inmobiliarias. En uno de los casos, Huergo había sido contratado para desempeñarse como desarrollador de un loteo ubicado en barrio Intersindical y realizar las gestiones necesarias para su comercialización. Aprovechando la ausencia del propietario, vendió lotes y percibió el dinero de las operaciones sin entregarlo a quien correspondía.
También fue investigado por operaciones realizadas a través de empresas dedicadas a desarrollos inmobiliarios. Distintas personas denunciaron haber abonado terrenos que no fueron entregados y haber recibido propuestas para reemplazarlos por otros inmuebles, sin que finalmente se concretaran las operaciones.
Otra de las causas se originó a partir del ofrecimiento de servicios de inversión con una elevada tasa de rendimiento. Según la investigación de UDEC, se prometía la devolución del capital aportado más un 20 % de ganancia. Uno de los damnificados entregó dólares y pesos sin recuperar posteriormente el dinero. En esa causa fueron acusados Huergo, Aldecoa y Maldonado.
