El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad presentó una apelación tras la resolución de la jueza Laura Beatriz de Marinis, quien sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo y declaró inconstitucional el artículo que fija la edad de punibilidad.
Según publicó Minuto Uno, La jueza Laura Beatriz de Marinis, titular del juzgado penal juvenil, contravencional y de faltas N° 3 consideró que en casos de delitos menores debe.
El cuestionamiento del Ministerio Público Fiscal
El fiscal general adjunto, Eduardo Riggi, manifestó su disconformidad con el fallo y confirmó que el Ministerio Público Fiscal ya interpuso el recurso de apelación. El funcionario solicitó que la Cámara trate el planteo con celeridad, argumentando que existen "debilidades enormes" en los fundamentos de la magistrada.
Riggi aclaró que su postura no constituye un ataque personal, sino una discrepancia jurídica. Si bien reconoció que los jueces poseen la facultad de realizar un control de constitucionalidad, subrayó que, según la Corte Suprema, esta medida debe ser considerada como un "acto de suma gravedad" y el último recurso disponible cuando no existe otra alternativa.
Los argumentos del fallo judicial
La jueza Laura Beatriz de Marinis, titular del juzgado penal juvenil, contravencional y de faltas N° 3, basó su decisión en la vulnerabilidad del adolescente, el grado de la tentativa y la ausencia de lesiones a la víctima. En su resolución, la magistrada optó por aplicar el régimen anterior, la Ley 22.278, en lugar de la nueva normativa que establece la responsabilidad penal a partir de los 14 años.
Además del sobreseimiento, la resolución judicial ordenó la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad. El objetivo es implementar un plan de acompañamiento familiar, facilitar la reinserción escolar del joven y promover su acceso a actividades recreativas, priorizando la contención social sobre el castigo penal.
La causa se originó el 10 de septiembre tras un intento de robo infraganti donde el adolescente fue imputado junto a otras tres personas, siendo el único que recibió el sobreseimiento tras la declaración de inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.801.
