Legislatura de Córdoba: Ante el impacto político provocado por una causa judicial por abuso sexual, grooming y explotación de menores en el norte de Córdoba, la Legislatura provincial implementó un estricto protocolo de contratación que obliga a los legisladores a asumir una responsabilidad directa sobre sus asesores.
Legislatura de Córdoba
Según informó TN, la medida surge tras el escándalo judicial que involucra a un excolaborador del legislador Ernesto Ramón “Cañito” Flores.
Nuevas exigencias y responsabilidad institucional
A través del decreto 206, la vicegobernadora Myrian Prunotto dispuso que, a partir de ahora, cada legislador deberá firmar y avalar personalmente la incorporación de sus asesores. Esta medida implica que el parlamentario asume la responsabilidad institucional por el desempeño y la conducta de sus colaboradores, debiendo justificar las tareas asignadas y el área de dependencia.
El nuevo esquema exige que todo aspirante presente certificados de antecedentes penales de la Policía, del Registro Nacional de Reincidencia y del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Además, es obligatorio completar una Declaración Jurada de Integridad, donde se debe informar cualquier situación judicial relevante, con la obligación de actualizar esta información ante cualquier cambio en un plazo de 72 horas.
Alcance de la medida y controles internos
La normativa no solo afecta a los nuevos ingresos, sino que alcanza a los 1.055 empleados no permanentes que ya prestan servicios en la Legislatura. Este personal cuenta con un plazo de 30 días hábiles para regularizar su situación mediante la presentación de la documentación requerida y la confección de una ficha detallada de sus funciones.
Asimismo, se implementará un sistema de auditoría y control de asistencia, centralizando el seguimiento que anteriormente dependía de cada despacho. El objetivo es eliminar las zonas grises en la gestión del personal y fortalecer los mecanismos de control interno.
El contexto de la investigación judicial
La decisión surge tras una causa que involucra a más de una docena de detenidos, entre ellos un excolaborador parlamentario de Ernesto Ramón “Cañito” Flores. La Justicia investiga denuncias de madres de Río Seco sobre una red que contactaba a menores mediante redes sociales para ofrecer dinero o traslados a cambio de encuentros sexuales.
Ante el avance de la investigación, Flores solicitó licencia en su cargo, mientras que sectores de la oposición y la senadora nacional Alejandra Vigo han reclamado públicamente su renuncia definitiva en medio de la conmoción que generó el caso en la provincia.
Con estas reformas, la Legislatura busca reducir las zonas grises y establecer mayores controles sobre el personal contratado, respondiendo así a la fuerte presión política generada por la causa judicial en curso.
