Trata de alumnas Salta: La compleja causa judicial que investiga una red de trata de personas con fines de explotación sexual, la cual captaba a estudiantes de instituciones públicas y privadas de Salta, se encamina hacia la etapa de juicio oral. Según estimaciones judiciales, el proceso podría desarrollarse durante la primera mitad de 2027.
Trata de alumnas Salta
La causa tiene nueve imputados y se prevé que la acusación podría presentarse hacia fines de noviembre próximo.
El desafío de la prueba digital
El análisis de los teléfonos celulares secuestrados constituye el eje central para cerrar la etapa de instrucción. La Fiscalía se enfrenta a un volumen masivo de información, que incluye conversaciones, archivos multimedia y registros que deben ser peritados minuciosamente para separar la evidencia relevante de aquella que no guarda relación con los hechos.
Debido a la complejidad del expediente, la cantidad de personas involucradas y la necesidad de resguardar el testimonio de las víctimas, la investigación ha requerido tiempos extendidos. Actualmente, la Fiscalía trabaja en la consolidación de la acusación, con el objetivo de presentarla formalmente hacia noviembre próximo.
Situación de los imputados y nuevas acusaciones
La causa cuenta con nueve personas imputadas. Los acusados identificados como Sarapura, Chorolque, Saravia, Chibán, Córdoba, Basalo Córdoba y Pol cumplen prisión preventiva efectiva, mientras que Colque y Coria permanecen bajo arresto domiciliario.
A medida que avanzó el proceso, se ampliaron las imputaciones. Chibán, Saravia y Chorolque enfrentan ahora cargos adicionales vinculados a abusos sexuales. En el caso particular de Chibán, se sumó la figura de insolvencia fraudulenta, presuntamente utilizada para evitar el resarcimiento económico a las víctimas.
El origen de la causa y el proceso con las víctimas
La investigación se inició el 26 de junio de 2025, tras la denuncia de una madre que detectó contenido comprometedor en el teléfono de su hija. A partir de ese hecho, se logró desarticular una estructura que operaba en diversos puntos, incluyendo locaciones en Campo Quijano, San Lorenzo y Cabra Corral.
El expediente llegó a reunir 33 víctimas, aunque actualmente el proceso cuenta con 28 jóvenes vinculadas. Para evitar la revictimización, el sistema judicial implementó mecanismos especiales de protección, como el uso de circuito cerrado de televisión, respetando la decisión de aquellas adolescentes que optaron por no declarar.
Dada la multiplicidad de delitos investigados, que incluyen trata de personas y abusos sexuales, se analiza la aplicación de un concurso real de delitos. Según estimaciones preliminares, las penas para los responsables podrían superar los 20 años de prisión, aunque la sentencia definitiva dependerá de lo que se logre acreditar durante el debate oral.
