Escándalo por el pedido: El sistema aerocomercial de la República Argentina atraviesa una tensión institucional sin precedentes tras conocerse que el grupo empresarial de Eduardo Eurnekián y Martín solicitó al Ejecutivo una extensión contractual para operar las terminales hasta el año 2066.
Escándalo por el pedido
Según informó Minuto Uno, una investigación periodística reveló detalles sobre esta millonaria tratativa que busca blindar el control absoluto de las pistas aéreas por casi tres décadas adicionales.
Un monopolio que busca perpetuarse
El holding solicitó al Gobierno nacional prolongar el manejo de la mayoría de las terminales aéreas del país, superando el vencimiento original previsto para 2038. Actualmente, la compañía administra 35 terminales bajo el esquema de Aeropuertos Argentina, además de otras dos incorporadas mediante acuerdos directos.
Desde el sector corporativo argumentan que la extensión es necesaria para asegurar inversiones a largo plazo. Sin embargo, la investigación periodística, que incluyó un informe de Felicitas Bonavitta, calificó la situación como un monopolio consolidado en manos de quien definieron como el patrón de los cielos.
El vínculo histórico con el Presidente
La decisión final recae sobre el Ejecutivo, lo que ha despertado una fuerte controversia debido al pasado laboral de Javier Milei. El actual Presidente se desempeñó durante trece años, entre 2008 y 2021, como economista jefe y asesor financiero en distintas firmas de Corporación América, bajo la órbita de Eduardo Eurnekián.
Esta conexión personal y profesional entre el mandatario y su antiguo empleador coloca al Gobierno en una encrucijada política: definir si convalida la extensión directa solicitada o si opta por un proceso de licitación pública que permita la competencia en el sector.
Avances en la redacción del acta
De acuerdo con la información difundida, funcionarios del gabinete habrían trabajado de manera reservada en la redacción de un acta para viabilizar la prolongación contractual. El documento se encontraría a la espera de las firmas de la Secretaría Legal y Técnica y de la rúbrica presidencial para adquirir plena vigencia.
La resolución de este expediente se mantiene como uno de los temas más sensibles en la agenda de infraestructura, mientras crece la presión sobre el Estado para garantizar la transparencia en la gestión de los activos estratégicos del país.
