Se advirtió ante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados sobre la parálisis en el otorgamiento de pensiones no contributivas a nivel nacional y se demandó datos territoriales desagregados. Además, se presentaron los indicadores provinciales y el modelo de abordaje comunitario desplegado en territorio salteño.
En el marco del debate por la prórroga de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y el análisis del proyecto de Presupuesto 2027, desde la Subsecretaría de Discapacidad del Ministerio de Salud Pública, se expuso de manera presencial en el Congreso de la Nación para detallar la realidad que atraviesan los sectores más vulnerables de la provincia y del país.
Durante la intervención, que estuvo a cargo de la directora del área, Isabel Soria, ante el plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, la funcionaria salteña aportó cifras oficiales que reflejan el impacto de las demoras administrativas a nivel federal.
Al respecto, precisó que de los 90.791 trámites de pensiones no contributivas por invalidez iniciados desde enero de 2024 en la Argentina, el Estado nacional resolvió únicamente 10.374, dejando 80.417 expedientes paralizados.
"Estamos hablando de más de 80.000 personas en todo el país que hoy continúan a la espera de una respuesta del Estado. Detrás de cada expediente hay familias que dependen de este ingreso básico para asegurar su subsistencia y el acceso elemental a la salud", remarcó Soria ante los legisladores. En ese sentido, exigió a las autoridades nacionales precisiones sobre cuántos de esos trámites pendientes corresponden a Salta, con qué tiempos de demora y en qué instancia administrativa se encuentran.
Al profundizar sobre el contexto provincial, Soria detalló que Salta cuenta con cerca de 65.000 personas registradas con Certificado Único de Discapacidad (CUD). Asimismo, subrayó la alta dependencia del sistema de cobertura pública: el padrón del Programa Incluir Salud registró en la provincia 39.973 beneficiarios, de los cuales 32.472 —el 81,2 %— corresponden a titulares de pensiones no contributivas por invalidez. "Cuando hablamos de discapacidad estamos hablando también de protección social, de salud y de ingresos familiares", enfatizó.
Frente al plenario, la funcionaria remarcó que Salta no acudió únicamente a plantear demandas, sino también a exponer las estrategias que implementa en zonas donde la distancia geográfica constituye una barrera estructural.
Destacó el avance de la estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC), operativa desde febrero de 2025 de manera quincenal en Santa Victoria Este y extendida con operativos mensuales a Rivadavia Banda Sur. A través de estos despliegues territoriales, los equipos interdisciplinarios realizan evaluaciones funcionales, kinesiología, fonoaudiología, nutrición, traumatología, salud mental y adaptación de equipamiento directamente en las comunidades.
En Santa Victoria Este, este abordaje territorial permitió evaluar a 78 personas de entre 0 y 76 años —el 64 % niñas, niños y adolescentes—, entregar y adaptar 41 ayudas técnicas, confeccionar 12 moldes (9 para órtesis y 3 para prótesis) y capacitar tanto a familiares como a agentes sanitarios en el manejo de sillas de ruedas y la confección de almohadones antiescaras.
Asimismo, Soria puso de relieve el fortalecimiento de los recursos humanos locales: el Centro Provincial de Rehabilitación Física (CePReFis) cuenta en 2026 con un equipo de aproximadamente 50 profesionales de múltiples disciplinas, unidades especializadas y un taller propio de prótesis y órtesis. A esto se suma la reciente capacitación de 750 integrantes de equipos de salud y disciplinas afines en una jornada provincial.
Hacia el cierre de su intervención, la representante salteña formalizó una agenda federal de cinco puntos prioritarios: acceso a información nacional desagregada por provincia, fortalecimiento y financiamiento del Programa Incluir Salud, adopción de una política federal de rehabilitación basada en la comunidad, consolidación de redes y talleres locales de tecnología de apoyo y reparación de equipamiento, y un plan continuo de formación de recursos humanos en territorio.
"La discapacidad no puede depender del código postal. Una persona que vive en Santa Victoria Este, en Rivadavia Banda Sur, en una comunidad originaria o en un paraje alejado tiene los mismos derechos que quien vive en el centro del país", concluyó Soria, al instar al Estado nacional a garantizar los presupuestos establecidos por la Ley 27.793 y los compromisos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
