Causa AMIA: El juez Daniel Rafecas dictó el procesamiento de ocho ciudadanos de nacionalidad iraní y libanesa, vinculándolos directamente con el atentado a la AMIA. La resolución, que se enmarca en el reciente mecanismo de juicio en ausencia, incluye embargos de 500 millones de dólares para cada uno de los imputados.
Causa AMIA
Según publicó Ámbito, La resolución, de más de 600 páginas, fue dictada en el marco del juicio en ausencia y establece embargos de u$s500 millones para cada.
Detalles de la resolución judicial
El magistrado calificó el ataque como un crimen de lesa humanidad y genocidio, basándose en la investigación liderada por la Fiscalía a cargo de Sebastián Basso. Según el fallo, la decisión de ejecutar el atentado fue tomada en agosto de 1993 por las máximas autoridades del Estado iraní, encomendando la operación a Hezbollah.
La reconstrucción judicial detalla que la organización contó con una red de apoyo regional, con puntos de operación en la Triple Frontera, que abarca Ciudad, Foz e Iguazú y Puerto Iguazú. Se estableció que el 10 de julio de 1994 se adquirió una Renault Trafic, la cual fue acondicionada con explosivos y estacionada cerca de la sede de la AMIA en la calle Pasteur días antes del ataque.
Imputados y grados de responsabilidad
Rafecas procesó como autores mediatos a Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai y Ahmad Vahidi, quienes ocupaban cargos de alto rango en el gobierno iraní. Por otro lado, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani y Ahmad Asghari fueron señalados como cómplices necesarios por sus aportes desde la Embajada y estructuras locales.
El octavo procesado es Salman Raouf Salman, también conocido como Samuel El Reda, a quien se le atribuye la coordinación final del atentado. En la misma resolución, el juez dictó la falta de mérito para Abdallah Salman y Hussein Mouzannar, mientras que no se analizó la situación de Alí Khamenei, Hezbollah Imad Mughniyeh y Alí Hussein Abdallah debido a sus fallecimientos.
Conexión internacional y marco legal
El fallo incorpora la hipótesis de que el atentado en Buenos Aires estuvo coordinado con un ataque perpetrado al día siguiente en Panamá, donde un avión de línea explotó provocando la muerte de sus ocupantes. Ambos hechos fueron reivindicados posteriormente por la organización Ansar Allah.
La aplicación del juicio en ausencia fue posible gracias a la Ley 27.784, que permite avanzar contra imputados prófugos en casos de terrorismo y lesa humanidad, garantizando que los acusados hayan sido debidamente informados de las imputaciones y pedidos de extradición.
La resolución de Rafecas marca un paso significativo en la causa, consolidando años de investigación sobre la estructura que permitió el atentado y reafirmando la búsqueda de justicia por los hechos ocurridos en 1994.
