En el marco de la causa que investiga el patrimonio de Manuel Adorni, la Justicia Federal dispuso una serie de medidas técnicas y contables para corroborar la procedencia de los fondos declarados por el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti.
Manuel Adorni
El fiscal Gerardo Pollicita pidió reconstruir los ingresos de Adorni y su esposa Bettina Angeletti, además de verificar operaciones por u$s591.544 en Bitcoin.
Reconstrucción patrimonial y secreto fiscal
El fiscal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo el levantamiento del secreto fiscal de Manuel Adorni y Bettina Angeletti. La medida busca acceder a información detallada en las bases de datos sobre sus declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, así como cualquier otro dato tributario relevante desde que ambos alcanzaron la mayoría de edad.
La investigación pretende contrastar la versión de la defensa, que sostiene que el capital declarado a partir de 2014 proviene de ahorros familiares acumulados previamente. Para ello, se requirió información a los registros de la propiedad de la Ciudad y Buenos Aires, a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y a los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, con el fin de auditar la trayectoria económica del matrimonio.
Verificación técnica de activos en Bitcoin
Uno de los puntos centrales del pedido judicial se enfoca en la justificación de 591.544 dólares en Bitcoin. La defensa afirma que este monto, declarado en la Rectificativa de la Declaración Jurada Inicial, proviene de operaciones realizadas con ocho direcciones digitales entre 2014 y 2018.
Para comprobar la titularidad de estos activos, Pollicita solicitó que el abogado Matías Ledesma entregue las claves privadas en un sobre cerrado. El procedimiento, que contará con la intervención de peritos de la Policía Federal Argentina, utilizará billeteras como Sparrow o Electrum para realizar una verificación criptográfica y confirmar si las firmas coinciden con las direcciones investigadas.
Estas diligencias fueron solicitadas por la Fiscalía con el objetivo de evitar futuros planteos y asegurar la transparencia en la comprobación de los activos, quedando ahora a la espera de la autorización formal del juez Ariel Lijo.
