Robo de motocicletas Salta: Tres hombres fueron sentenciados en un juicio abreviado por una serie de robos de motocicletas ocurridos entre septiembre y octubre de 2025 en distintos puntos de la ciudad de Salta. La investigación, liderada por el Ministerio Público Fiscal, permitió esclarecer los hechos y establecer reparaciones económicas para las víctimas.
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Según informó Redacción HolaSalta, el Ministerio Público Fiscal, el acuerdo fue alcanzado tras una exhaustiva investigación.
Detalles de la investigación judicial
El caso fue impulsado por el fiscal penal 5 del Distrito Centro, Federico Jovanovics, con la representación del auxiliar fiscal Julio Cervante. La pesquisa incluyó el análisis de registros del Sistema de Emergencias, pericias antropométricas, exploración de redes sociales y el estudio de cámaras de seguridad particulares, lo que permitió identificar a los responsables.
Tras los allanamientos realizados en los domicilios de los acusados, se secuestraron prendas de vestir y una motocicleta, elementos que resultaron clave para la reconstrucción de los tres hechos denunciados.
Los hechos y la condena
Jesús Claudio Silvano Cruz, Antonio García y Tomás Mauricio Chocobar fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de robo de vehículo dejado en la vía pública. Uno de los implicados fue hallado responsable de tres robos, mientras que los otros dos participaron en un hecho cada uno.
Los robos ocurrieron en pasaje Miramar, calle Florida y avenida Chile, afectando a propietarios de una Yamaha y dos Gilera Smash. Los delincuentes operaban violentando el traba manubrio de los rodados para luego darse a la fuga.
Como parte del acuerdo, los condenados deberán cumplir reglas de conducta, tales como la prohibición de consumir estupefacientes o abusar del alcohol, y mantener distancia de las víctimas. Además, se estableció un esquema de reparación económica que incluye la entrega de un rodado y sumas de dinero en efectivo para los damnificados.
La sentencia pone fin a la causa judicial, garantizando que los responsables afronten las consecuencias legales y el resarcimiento económico por los daños ocasionados a los ciudadanos afectados.
