Escándalo en el Congreso: La tensión escaló en el Congreso de la Nación luego de que el diputado de Provincias Unidas, Capozzi, impulsara un pedido formal para remover de su banca a Grabois, tras los violentos episodios registrados en un plenario de comisiones.
Escándalo en el Congreso
Según publicó noticiasargentinas, Sergio Capozzi propone un procedimiento disciplinario a cargo de una comisión que.
El origen del conflicto
El pedido de remoción surge a raíz de los graves incidentes ocurridos durante una reunión conjunta de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal. En dicho encuentro, donde se debatía un proyecto sobre la Soberanía Nacional, Grabois protagonizó un altercado al proferir insultos y agravios contra otros legisladores.
Según se informó, el diputado de Patria Grande calificó de "tontita" a Juliana Santillán y de "facho de mierda" a Carlos Zapata. Además, se registraron enfrentamientos verbales y aproximaciones físicas con Jairo Guzmán y Gerardo Huesen, lo que derivó en la suspensión abrupta del plenario por parte de la presidencia de la comisión.
El pedido de sanción disciplinaria
Capozzi fundamentó su presentación en el artículo 66 de la Constitución Nacional y el artículo 188 del Reglamento de la Cámara. La propuesta busca la creación de una comisión especial de cinco miembros, designada por la Presidencia, que deberá investigar los hechos y determinar si corresponde la exclusión del legislador o aplicar otra medida disciplinaria en un plazo de treinta días.
El legislador rionegrino aclaró que la iniciativa no busca sancionar las posturas políticas o críticas de Grabois hacia el Poder Ejecutivo, sino evaluar si su conducta constituyó un desorden inaceptable que impidió el normal funcionamiento del trabajo parlamentario.
El proyecto sostiene que la exclusión requiere una justificación rigurosa, dado que afecta la representación de los electores. No obstante, Capozzi enfatizó que la gravedad de los hechos, caracterizados por la reiteración de agravios y la necesidad de intervención de terceros, exige una respuesta institucional fundada para garantizar que la deliberación parlamentaria se mantenga libre de intimidaciones.
