Violencia de género: Un sujeto de 36 años recibió una condena de diez meses de prisión de ejecución condicional tras admitir su responsabilidad en múltiples hechos de violencia contra su expareja en el barrio El Jardín, en la ciudad de Salta.
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Según informó Ministerio Público Fiscal, De acuerdo con la información brindada por el Ministerio Público Fiscal, el caso fue llevado adelante por la auxiliar fiscal María Virginia Bortolotto, bajo la supervisión del fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 2, Federico Gabriel Portal.
El calvario de la víctima y la intervención judicial
La investigación, que inició con la denuncia de la víctima el 11 de septiembre, reveló una serie de episodios violentos. El agresor se presentó en el domicilio de la mujer, donde tras una discusión por dinero, la tomó del cuello e intentó arrebatarle su teléfono celular, profiriendo amenazas en su contra. Ese mismo día, un segundo incidente ocurrió en la casa de la madre de la víctima, donde el hijo de 11 años de la pareja debió alertar al Sistema de Emergencias 911, permitiendo la demora del atacante.
A raíz de estos hechos, el Juzgado de Violencia Familiar y de Género 2 dictó medidas cautelares que incluían la exclusión del hogar y la prohibición de acercamiento. Sin embargo, al día siguiente, el hombre violó la orden judicial y regresó al domicilio para recriminarle la denuncia, amenazándola nuevamente mientras manipulaba un cuchillo de cocina, lo que obligó a la mujer a solicitar auxilio nuevamente al Sistema de Emergencias 911.
Sentencia y medidas de conducta
Tras la formalización de la Investigación Penal Preparatoria por parte de la Unidad de Flagrancia y el posterior trabajo del fiscal Portal, el juez Ignacio Colombo homologó el acuerdo de las partes. El imputado fue condenado a diez meses de prisión de ejecución condicional por los delitos de amenazas —en tres hechos— y desobediencia judicial en concurso real.
Como parte de la resolución, el hombre deberá cumplir estrictas reglas de conducta durante dos años y someterse a un tratamiento psicológico obligatorio para abordar sus adicciones.
La sentencia marca un precedente en la protección de la víctima frente a la reincidencia del agresor, quien ahora deberá cumplir con las pautas impuestas por la justicia para mantener su libertad condicional.
