El exintendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo 'Conejo' Martínez, logró permanecer bajo arresto domiciliario en un expediente provincial durante gran parte de su proceso, una medida que fue concedida y ratificada por la justicia a pesar de las contundentes objeciones presentadas por la Unidad Fiscal.
Conejo Martínez
Según publicó El Tribuno, el exfuncionario mantuvo el beneficio hasta que la pena fue declarada cumplida tras un juicio abreviado.
La controversia por el beneficio
La Unidad Fiscal, integrada por Mariana Torres, Carlos Salinas y Daniela Murúa, había cuestionado duramente la concesión del arresto domiciliario. Según los investigadores, existían pruebas contundentes obtenidas del teléfono de Martínez que demostraban intentos de presionar a testigos y coordinar intimidaciones, lo que evidenciaba su capacidad para interferir en la causa desde su vivienda.
A pesar de estos planteos, el juez de Garantías de Orán, Raúl Fernando López, otorgó el beneficio en octubre de 2024. Posteriormente, el juez del Tribunal de Impugnación, Guillermo Akemeier, confirmó la medida tras rechazar la apelación fiscal, argumentando que las restricciones impuestas eran suficientes para asegurar el proceso.
Traslados y condiciones
La medida no estuvo exenta de irregularidades. En octubre de 2024, el juez López suspendió temporalmente el arresto y ordenó el traslado de Martínez a la sede de Infantería tras detectarse visitas en horarios no permitidos y falta de garantías adecuadas. Sin embargo, en noviembre, el magistrado reanudó la domiciliaria en una nueva vivienda en Orán, bajo la tutela de su hija, Cristina Flores.
Finalmente, en diciembre de 2025, Martínez fue condenado a un año y dos meses de prisión efectiva mediante un juicio abreviado por violación de secretos y entorpecimiento de actos funcionales, pena que se dio por cumplida debido al tiempo que permaneció detenido bajo las distintas modalidades.
La nueva causa federal
Tras recuperar la libertad, Martínez quedó nuevamente en la mira por una causa federal de presunto narcolavado. El juez de Garantías Gustavo Montoya ordenó su detención tras considerar su intento de fuga previo a los allanamientos y sus vínculos en la zona fronteriza.
Ante el pedido de la defensa para volver a la domiciliaria, Montoya rechazó la solicitud y, a pedido de la fiscal Mariana Gamba Cremaschi, dispuso su alojamiento en el módulo de alto perfil de la Unidad Carcelaria de Villa Las Rosas, al no haber cupo en el Servicio Penitenciario Federal.
El caso de Martínez ha generado un fuerte debate sobre los criterios judiciales aplicados para conceder beneficios de morigeración de pena a imputados con antecedentes y riesgos procesales evidentes en zonas de frontera.
