Privatización de Agua: En un proceso plagado de opacidad y blindaje informativo, el Gobierno acelera la entrega de la empresa de Agua a un consorcio privado por una cifra irrisoria, en lo que especialistas y defensores de los servicios públicos califican como un vaciamiento patrimonial inadmisible.
privatización de Agua
Según publicó Minuto Uno, la escandalosa licitación del 90% de las acciones de la compañía ha generado un fuerte repudio por las condiciones de la operación.
Un remate a precio de saldo
El consorcio ganador, integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX, se quedó con la prestataria que abastece a 14 millones de personas por US$340,2 millones. La cifra es un escándalo al compararla con los US$450 millones que el propio Ministerio de Economía estimaba como valor base, quedando en evidencia que el monto es insuficiente incluso frente al costo de edificar apenas dos plantas de tratamiento de agua.
La falta de transparencia en la valuación del paquete accionario y el ocultamiento de pasivos ambientales han motivado amparos judiciales colectivos desde la Defensoría del Pueblo. Mientras tanto, los nuevos dueños tienen asegurada una ganancia extraordinaria mediante una recategorización de usuarios que, según informes, les inyectará US$93 millones anuales, permitiendo recuperar la inversión en poco más de tres años.
Sombras políticas y negocios cruzados
La operación está salpicada por sospechas de vínculos políticos, incluyendo aportes previos a la campaña de Libertad Avanza por parte de firmas vinculadas a Equo Capital, además de la figura de Mauricio Filiberti, dueño de Transclor y socio en Edenor, quien ahora obtiene control estratégico sobre el principal consumidor de electricidad.
A este combo se suma el fantasma de los movimientos financieros oscuros y la reaparición de los hermanos Neuss, quienes ya habían sido vinculados a recursos acumulados del Estado en casos como Transener. Con la adjudicación definitiva aún pendiente de revisión en la Comisión de Evaluación, crece el reclamo para frenar este despojo de un servicio que es, antes que un negocio, un derecho humano esencial.
Entregar una empresa de esta magnitud por debajo de su costo de reposición configura un despojo inadmisible. Con la adjudicación aún bajo la lupa, la urgencia de frenar este remate y transparentar los números es el último grito de defensa de un servicio vital.
